Ante los diversos problemas que padece el Sistema Penitenciario en la ciudad de México, se analiza la posibilidad de que la Iniciativa Privada (IP) participe en la construcción, operación y administración de las cárceles, bajo la tutoría del Gobierno del Distrito Federal.

La subsecretaria del Sistema Penitenciario, María Mayela Almonte, reconoció que el problema de la descomposición del sistema es la falta de continuidad y supervisión de los programas, ello debido a la designación de directores de las prisiones que desconocen el tema y sólo lo ven como negocio.

La funcionaria local explicó que para despresurizar los reclusorios se requiere modificar, adecuar y reformar el Código Penal y optimizar el presupuesto que se otorga para mejorar las condiciones de los reclusorios, como el otorgamiento de un salario a aquellos reos que realicen labores productivas.

Para Almonte, una buena opción para terminar con la corrupción en las cárceles y que éstas cumplan con su verdadero objetivo de reinserción social es que los centros de reclusión sean autofinanciables. Ello, dijo, permitirá al gobierno eliminar de manera paulatina los vicios y malas costumbres del paternalismo gubernamental.

La industria penitenciaria, manifestó, deberá constituir el núcleo central de los programas de reinserción y, por otro lado, deberá beneficiar al Estado coadyuvando en economías de productos que son necesarios para los tres niveles de gobierno y que en la actualidad son adquiridos a industrias particulares como uniformes de policías, placas de circulación y muebles en general.

veronica.macias@eleconomista.mx