Soberanía sí, impunidad no

Antier, la Fiscalía de Distrito Sur de Nueva York (SDNY), hizo algo inusual al hacer públicos: 1. Una acusación formal por narcotráfico y portación de armas contra 10 funcionarios, encabezados por el gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; y 2. Un documento denominado "Acusación de Reemplazo Bajo Reserva", que, por su propio nombre, debía mantenerse confidencial. Al hacerlo, pareciera que buscaba obligar al gobierno mexicano a pronunciarse antes de haber tenido tiempo de leer el expediente o quedar mal ante la opinión pública.

Existe un Tratado de Extradición entre México y EEUU que establece que estas solicitudes se tramitan por canales diplomáticos, mientras el país receptor las evalúa. Al publicar ese documento reservado, EEUU rompió las reglas del juego. Con razón, México le reclamó formalmente.

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió ayer que su gobierno no puede actuar sobre acusaciones extranjeras sin verificar que existan pruebas suficientes conforme a las leyes mexicanas. Si las hay, la FGR deberá proceder. Si no las hay, quedará claro que el objetivo de EEUU es presionar a México para que extradite sin investigar. La respuesta de la presidenta no debe verse como obstrucción de la justicia sino defensa de la soberanía. Pero ejercerla no será fácil. El caso contra Rocha Moya es grave, y hay pruebas en México que demuestran que algo muy turbio ocurría en Sinaloa antes de que el SDNY dijera una sola palabra.

El 25 de julio de 2024, Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y exsecretario de Salud de Rocha, fue asesinado en el mismo lugar y momento en que uno de los hijos de El Chapo le tendía una trampa a El Mayo Zambada para secuestrarlo a EEUU. La Fiscalía de Sinaloa, la que, según la acusación del SDNY obedece a Rocha Moya, no investigó: fabricó. Presentó un video de una gasolinera para hacer creer que Cuén había muerto en un asalto callejero. La FGR desmanteló ese montaje y buscó enjuiciar a la entonces fiscal sinaloense, Sara Bruna Quiñones, y a su personal. Un juez federal en Culiacán rechazó las órdenes de aprehensión y nadie fue a la cárcel.

La acusación de EEUU va más lejos al señalar que el Cártel de Sinaloa se apoderó del gobierno de Sinaloa y que Rocha llegó al poder gracias al cártel. Son acusaciones avaladas por un panel de ciudadanos constituidos en un gran jurado que revisó las pruebas. De ser extraditados, juzgados y condenados, los diez acusados enfrentarían cadena perpetua.

Sheinbaum tiene un precedente incómodo. En 2020, el general Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa, fue detenido en EEUU acusado de proteger al narco. México presionó para que lo regresaran. La FGR lo exculpó en pocas semanas. Tan rápido que pocos se lo creyeron. Ese no puede ser el modelo a seguir.  Además, hay otra complicación: el gobierno ha extraditado narcotraficantes a EEUU sin juicio previo y usar ese argumento ahora solo para Rocha Moya puede interpretarse como protección política. Lo único que queda ahora es realizar una investigación tan rigurosa e imparcial que no deje lugar a dudas. Soberanía sí, impunidad no.

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