Exconsejeros del INE y del IFE afirmaron que las causales de nulidad establecidas por la ley son suficientes para enfrentar la elección presidencial del 1 de julio.

Sin embargo, advirtieron que el INE debe hacer un trabajo extraordinario en materia de fiscalización, para que, en caso de que haya un rebase en el tope de gastos de campaña por algún candidato, haya elementos para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pueda determinar si se anula o no la elección.

El exconsejero del INE, Arturo Sánchez, explicó que “las causales para anular una elección están establecidas en la ley y no han variado durante las últimas semanas o meses y tienen que ver con que no se instalarán el número de casillas que requiere la ley, pero la fundamental es referente con el rebase del tope de gastos de campaña y con la cercanía entre la distancia del primero y del segundo lugar”.

“Si un candidato rebasa el tope de gastos de campaña por más de 5% y además tenemos que la diferencia entre el primero y segundo lugar es menor a 5% eso implica la nulidad de la elección”, dijo.

Destacó que “el foco” en la elección del 1 de julio será la fiscalización que haga el INE, “porque las otras causales son normalmente resueltas por el Tribunal, por el propio INE”.

El exconsejero del IFE, Jaime Cárdenas, dijo que actualmente la composición de TEPJF es conservadora, por lo que se puede advertir que los magistrados electorales —en caso de un rebase de tope de gastos de campaña o diferencia de menos de 5% entre el primer y segundo lugar— calificarán la elección con base en sus sentencias previas.

“No creo que lo haga (una posible anulación de la elección presidencial). El tribunal se va a ajustar a los precedentes de otros procesos electorales, en donde su postura de nulidad de elecciones ha sido bastante conservadora”, comentó.

Por su parte, el politólogo del CIDE, José Antonio Crespo, coincidió en que el reto más grande del INE, para determinar una eventual nulidad de la elección, es hacer un trabajo eficaz de fiscalización que no se ha visto ahora, comentó, y puso como ejemplo el caso Odebrecht y, a nivel local, el caso de Chihuahua, que revelaron un presunto financiamiento ilícito a campañas electorales.

“Lo que más falla es la fiscalización de los dineros ilícitos, porque puede entrar mucho dinero ilícito, con el que se compran votos y el INE no tiene la capacidad —algunos dicen que tampoco la voluntad— para registrar ese dinero sucio y luego se descubre cuando ya pasó la elección, ya cuando llega el otro gobierno”, expuso.

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