En México la probabilidad de que un funcionario público te soborne es más alta que la probabilidad de que seas víctima de la delincuencia en las calles. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la tasa de incidencia de corrupción en el país es mayor que la tasa de incidencia delictiva de robo en transporte y vía pública. Durante el 2017 se registró una relación de 25,541 delitos por cada 100,000 habitantes que tuvieron contacto con algún trabajador del Estado, una cifra que supera en poco más del doble la relación de 11,081 asaltos en la calle o el transporte por cada 100,000 habitantes. 

De las 32 entidades federativas que conforman el país, la Ciudad de México (la capital del país) presentó el nivel más alto de personas que fueron víctimas de algún acto de corrupción. En la capital 2 de cada 10 personas cercanas a un servidor público experimentaron al menos una acción corrupta. Este nivel es 5.5 puntos porcentuales mayor que la media nacional (14.6 por ciento).

Además de la Ciudad de México, otras 10 entidades rebasan el nivel de corrupción nacional, Quintana Roo continúa la lista con una prevalencia de 17.6%; le siguen Morelos (17.2%), San Luis Potosí (16.7%), Chiapas (16.2%), Durango (16.0%), Estado de México (15.9%), Chihuahua (15.6%), Sonora (15.2%), Michoacán (14.8%) y Tabasco (14.7%), de acuerdo con cifras del Inegi.

Los mexicanos tienen una percepción negativa acerca del desempeño transparente en el sector público. Nueve de cada 10 habitantes de regiones urbanas consideran que la corrupción es una práctica frecuente entre los empleados del gobierno.  

La corrupción se entiende como el abuso de cualquier tipo de poder con el objeto de generar un beneficio indebido a costa del bienestar colectivo o individual. Las prácticas de corrupción son el segundo problema más grave que enfrenta el país en la perspectiva de los mexicanos, sólo por debajo de la inseguridad y la violencia, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017 del Inegi.

Corrupción, más frecuente entre las autoridades de seguridad pública

Las instituciones policiales del Ministerio Público, las autoridades encargadas de infraccionar administrativamente, los responsables de prisión preventiva y ejecución de penas y otras autoridades competentes en materia de justicia responden a los índices más altos de corrupción. En el 2017 más de la mitad de los mexicanos (59.5%) fue víctima de algún acto corrupto cometido por autoridades locales de seguridad pública.

También se identifican niveles altos de corrupción a la hora de realizar trámites públicos. Las autoridades estatales cometen más corrupción a la hora de otorgar permisos relacionados con la propiedad, 3 de cada 10 mexicanos fueron víctimas de estas acciones. Otros trámites en los que prevalece la corrupción son los que se realizan en el Ministerio Público Federal (25.1%), los juzgados en tribunales federales (18.4%), los trámites vehiculares a nivel estatal (17.8%) y los trámites locales para constituir una empresa (17.0 por ciento).

Gastos por sobornos ascienden al presupuesto federal de 3 programas sociales

Durante el 2017 se registraron poco más de tres millones de habitantes que tuvieron que otorgar dinero indebidamente para obtener un trámite o servicio público. Lo alarmante de la prevalencia de la corrupción es que los ingresos por sobornos ascienden a 7,218 millones de pesos, cantidad que iguala lo que el gobierno federal destinó a tres programas sociales juntos.

El programa de estancias infantiles para madres trabajadores, el programa de comedores comunitarios para la población mexicana y el programa de conversión social recibieron un presupuesto que equivale a 7,146 millones de pesos, poco menos de lo que los mexicanos gastaron en corrupción, de acuerdo con información del Inegi.

En México la corrupción no se denuncia porque creen que no se dará seguimiento

Ocho de cada 10 personas que fueron víctimas de algún acto corrupto no lo denunciaron ante las autoridades, la razón principal por la que la población no efectúa su denuncia es porque piensa que será inútil o que las autoridades no le darán seguimiento.

Otras de las razones por las que los mexicanos no denuncian son porque consideran que es una pérdida de tiempo, porque también obtuvieron un beneficio de dicho acto, porque normalizan la corrupción, porque no tienen tiempo para realizar la denuncia, por miedo a represalias y por desconocimiento del proceso de denuncia.

En el país se registraron en promedio 2.6 denuncias por actuaciones corruptas de servidores públicos por cada 100. Diez estados sobrepasan esta media nacional, la Ciudad de México encabezó la lista con una tasa de 9.5 por cada 100, le siguieron Aguascalientes (8.3), el Estado de México (5.7), Chiapas (4.9), Querétaro (3.9), Jalisco (3.3), Baja California (3.3), Baja California Sur (3.2), Chihuahua (2.9) y Tlaxcala (2.8).

Uso ilícito de atribuciones y facultades, el acto corrupto más común entre los servidores públicos

Los trabajadores del sector público son los que están más asociados con las prácticas corruptas. Del total de servidores públicos denunciados ante órganos magisteriales casi la mitad (40.7%) fueron acusados de usar de manera ilícita sus atribuciones y facultades.

El segundo acto de corrupción más común es el uso inadecuado de fondos o recursos públicos, el total de denuncias de este tipo representó 19.6% del total. Otros actos por los cuales se denuncia a los funcionarios del Estado son el soborno (8.6%), abuso de autoridad (8.1%), concusión (2.2%), tráfico de influencias (2.2%), delitos cometidos contra la administración de justicia (1.7%) y enriquecimiento propio de manera ilícita (1.5%), entre otros.

Urgencia de homogeneizar la implementación de la LGSA

El esquema de la Ley General del Sistema Anticorrupción sólo se encontró implementado en su totalidad sólo en 15 entidades del país hasta el 2017 (Sonora, Durango, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, el Estado de México, Querétaro, Puebla, Veracruz, Chiapas, Guerrero, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán). De acuerdo con información del Inegi, 15 estados lo han incorporado sólo de manera parcial (Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Colima, Hidalgo, Oaxaca, Morelos y la Ciudad de México) y 3 estados (Baja California Sur, Sinaloa y Tlaxcala) no cuentan con el esquema.

Homogeneizar el esquema a escala nacional provoca que las acciones y medidas tomadas en combate a las prácticas de corrupción se desintegren y su efecto pierda fuerza. Pese a ello, algunos gobiernos estatales o municipales han tomado medidas o impulsado programas locales para mitigar el riesgo de corrupción en el sector público.

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