Es responsabilidad de las fuerzas políticas del Senado de la República elegir a siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con la capacidad de garantizar al país estabilidad política, coincidieron especialistas en la materia.

La Cámara Alta tiene hasta el 30 de octubre para elegir a los siete nuevos magistrados que habrán de renovar la Sala Superior del tribunal electoral, cuya primera prueba de fuego serán las elecciones de Coahuila, Nayarit, Estado de México y Veracruz, a celebrarse el año entrante, opinó la coordinadora en Derecho Electoral del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, María Marván Laborde.

Entrevistada sobre el proceso, la exconsejera del pasado Instituto Federal Electoral (IFE) advirtió la necesidad de contar con magistrados con probado prestigio, ética, experiencia y capacidad jurídica, para el análisis y toma de decisiones.

Dos de los futuros elegidos concluirán su mandato el 31 de octubre del 2019; dos más el 31 de octubre del 2022, y los tres restantes el 31 de octubre del 2025. Ello significa que en sus manos estará también estudiar lo concerniente con la elección del próximo presidente del país.

Sobre el tema, el exabogado general de la UNAM, César Astudillo, profundizó en que el TEPJF salvaguarda los derechos político-electorales, responsabilidad que tiene injerencia directa en la consolidación de la democracia. Es así que de cara a las elecciones del 2018, le corresponderá resolver los medios de impugnación sobre la contienda presidencial, renovación del Congreso de la Unión y de gobernadores.

María Marván Laborde refirió: el papel de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es muy importante, especialmente por la judicialización que se ha dado en los últimos 20 años en los procesos electorales de prácticamente cualquier decisión .

La investigadora de la UNAM describió que la elección de los magistrados necesariamente es un acuerdo político entre las fuerzas .

Sin embargo, indicó que ello no quiere decir necesariamente que cada partido tenga su representante dentro de la Sala Superior, lo que quiere decir es que es responsabilidad de los partidos seleccionar a siete magistrados y magistradas realmente capaces de funcionar en un cuerpo colegiado y garantizarle al país estabilidad política .

Sobre el tema, Astudillo opinó que es natural un acuerdo político dentro de la Cámara Alta, sin embargo, éste debe ser extenso y procurar los mejores perfiles.

No sería aceptable que esta decisión lo que haga sea partidizar a estos órganos colegiados o lotificarlos. Es decir, que para llegar a los acuerdos políticos no se vean los mejores perfiles, sino sean cuotas reconocidas a cada partido político para que (...) cada uno reconozca que tiene un lote en la composición final , advirtió.

Por su parte, el exconsejero del otrora IFE, Rodrigo Morales Manzanares, manifestó que son inevitables las sospechas cuando un órgano político, como lo es el Senado de la República, es el encargado de elegir a jueces electorales. Sin embargo, para el actual asesor independiente, hay que juzgar el hecho por sus méritos . Ello es calificar a los magistrados por su desempeño más que por aparentes padrinazgos .

Sobre cuotas partidistas, el presidente del Senado de la República, Pablo Escudero, expuso que los 21 candidatos agrupados en siete ternas fueron propuestos inicialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, posteriormente, cada uno compareció ante la Comisión de Justicia.

Quererle acreditar al Senado que hay una repartición de cuotas me parece que en este caso, por lo menos, no corresponde , sostuvo.

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