Diputados reformarán Ley General de Desarrollo Social

Con el fin de incluir entre los principios a los que debe sujetarse la política de desarrollo social en México el interés superior de la niñez’’, la Cámara de Diputados reformará la ley general en la materia.

De acuerdo con la propuesta en proceso de dictaminación, la Ley General de Desarrollo Social establecería que dicho principio implicará la obligación de la Federación, entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal de diseñar, ejecutar, dar seguimiento y evaluar las políticas públicas sobre el ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes para garantizar de forma prioritaria su máximo bienestar posible.

La iniciativa prevé adicionar el artículo tercero de la citada ley, vigente desde 2004, que establece que la política de desarrollo social se sujetará a los principios de libertad, justicia distributiva, solidaridad, integralidad, participación social, sustentabilidad, respeto a la diversidad, libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y sus comunidades, transparencia y perspectiva de género.

El propósito es reforzar los principios a los que debe sujetarse el diseño de la política de desarrollo social, al incluir el de interés superior de la niñez.

Dicho principio forma parte de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) en los siguientes términos:

En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

Promovida por el grupo parlamentario de Nueva Alianza en la Cámara Baja, el proyecto refiere que los derechos de la infancia son una prioridad internacional, y de ahí que uno de los principales desafíos que enfrena México es traducir los principios de la CDN a los ordenamientos jurídicos nacionales y a las políticas públicas, sobre todo el del interés superior de la niñez.

A la fecha, el marco jurídico vigente garantiza el cumplimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia, y en octubre de 2011 se promulgaron las reformas a los artículos cuarto y 73 de la Constitución que reconocen de manera explícita que las niñas y los niños tienen el derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

Dicha enmienda elevó a rango constitucional el principio del interés superior de la niñez, y estableció la obligación de que el Estado guíe el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la infancia.

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mfh