La lucha por el control de los órganos autónomos parece ser una condición inherente a estas instituciones. Los embates pueden provenir del Poder Ejecutivo o las secretarías de Estado, de los privados de los sectores que regulan con intenciones de capturarles, e incluso del interior de los mismos órganos por parte de grupos enfrentados por distintas posturas ideológicas o partidista. 

“Los organismo autónomos son políticos, aunque la teoría indique que son técnicos”, dice en entrevista el doctor Cristopher Ballinas Valdés, profesor de Políticas Públicas del Departamento de Ciencia Política del ITAM, y acota que “ésto no es necesariamente malo”. “Los políticos siempre tratan de controlar las instituciones a su favor, y toca a la ciudadanía actuar para que ese control político no sea en beneficio de un grupo”, dijo.

De ahí que la confrontación que se ha suscitado en días recientes entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y algunos órganos autónomos —como la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (Inai) o el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE)— se pueda interpretar como la disputa de proyectos y grupos políticos distintos.

“Creo que en realidad se trata de una estrategia política. El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha mostrado escéptico de instituciones que identifica como las que han trabajado para intereses distintos de los de la población. Más que un embate, las críticas públicas del presidente son una manifestación de tono democrático del presidente, que puede manifestar lo que le gusta o no le gusta, y evidenciar cosas que él cree que no son correctas”, dijo Ballinas.

Si bien esta situación se presenta para estas agencias en todos los países que cuentan con ellas, el problema adquiere matices particulares en México, dijo el académico, debido a las características del ejercicio del poder propias del sistema político mexicano que permearon a los órganos autónomos desde su diseño.

El también autor del libro Luchas políticas para el control de los organismo autónomos explicó que el diseño que tienen estas instituciones autónomas en México responde más a una lógica de control político que a una diseño técnico perfectamente delineado. Ballinas Valdés aclara también que estas luchas de poder no son privativas de México ni de su actual coyuntura política, y que están presentes por igual en países de larga tradición de agencias gubernamentales autónomas como lo es Estados Unidos. 

Sobre las distintas esferas de donde provienen los intentos de control de los órganos autónomos, dijo que si bien los casos más notorios se dan desde el Ejecutivo, también están los de las secretarías de Estado, como puede ser el caso de que la Secretaría de Hacienda busque el control de entidades relacionadas con su cartera, como el Inegi o el Banxico, o la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía. 

Al interior de los organismos también se suscitan pugnas para controlarles. Reforzando las tesis de Ballinas Valdés sobre el carácter eminentemente político de órganos creados bajo el imperativo de mantenerse al margen de la política y regirse únicamente por criterios técnicos, resulta que los criterios técnicos pueden ser parte de los juegos de poder.

La creación de un órgano autónomo por parte de un grupo político en el poder puede ser una forma de asegurar que ciertas metodologías prevalezcan sobre las de sus contrincantes políticos, toda vez que los periodos en los cargos de los titulares de estas instituciones superan por diseño al del titular del poder ejecutivo. De esta forma, se aseguran, amparándose en la tesis no demostrada de que lo técnico no es político, que sus intereses particulares tengan continuidad aún cuando ya no tengan cargos públicos desde los cuales conducirlos. 

A nivel mundial, los organismos autónomos surgieron históricamente en países democráticos con economías de libre mercado, sin ser exclusivos de éstos. El que su creación tuviera lugar en naciones con tradiciones democráticas más o menos consolidadas, permitió estructurarlos con independencia organizacional. Existen dos grandes tradiciones de conformación de órganos autónomos: una correspondiente a países democráticos de Europa y otra a Estados Unidos.

Participación ciudadana

Si bien México abrevó de ambos modelos —influido particularmente por las experiencias de los países miembros de la OCDE— para la creación y estructura de los órganos autónomos, éstos adquirieron una expresión particular. Esto se debió, a decir de Ballinas, a las formas de ejercicio del poder vinculadas directamente con la estructura creada durante el periodo de 70 años ininterrumpidos en el poder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que controlaba desde la administración pública todas las áreas del gobierno, por lo que su diseño organizacional se vio preñado de los equilibrios de distintos grupos de poder para establecer el control de la entidad.

El concepto autonomía significa en este contexto que este tipo de órganos no están sujetos a decisiones políticas, para dar continuidad a los proyectos más allá de los ciclos políticos. El concepto de “independencia” se refiere a a que las personas que toman decisiones en estas agencias sean independientes de los grupos políticos.

Sobre este punto, Ballinas Valdés dijo que quienes conforman a los órganos autónomos no llegan a los cargos por vías democráticas, y muchas de estas instituciones carecen de mecanismos de participación ciudadana. Para el politólogo, los órganos autónomos deben ser vigilados y llamados a cuentas por la ciudadanía, por lo que el debate futuro debería centrarse en generar las formas de participación de este sector.

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