De los 16 de asesinatos de periodistas que tiene registrados la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos en contra de la Libertad de Expresión (Feadle) cometidos en el 2017 y el 2018, hay avances en nueve casos, aseguró el fiscal Ricardo Sánchez Pérez del Pozo.

En entrevista, el funcionario refirió que 18 personas han sido vinculadas a proceso en los casos de los homicidios de Miroslava Breach, en Chihuahua (1); Ricardo Monlui, en Veracruz (1); Javier Valdez, en Sinaloa (2); Luciano Rivera, en Baja California (3); Maximino Rodríguez, en Baja California Sur (5), y Carlos Domínguez, en Tamaulipas (6).

“En seis casos, ya hay personas procesadas, en tres, hay personas señaladas; la investigación ya determinó quiénes son probables responsables, pero la persona está prófuga, eso significa que sí hay un avance, pero falta el proceso policial de encontrar a la persona señalada”, dijo el fiscal.

Detalló que se han dictado 23 órdenes de aprehensión en contra de probables responsables de homicidios de periodistas, seis aún por ejecutarse, correspondientes a tres casos que no detalló por la secrecía de la investigación.

Sánchez Pérez del Pozo refirió, en cuanto a la atracción de los casos por la Feadle, que aunque “tiene una competencia originaria” para conocer de los casos, la apuesta es por un trabajo coordinado con las autoridades estatales para, en coadyuvancia, realizar la indagatoria.

“Sólo en casos en donde la fiscalía (estatal), la autoridad local no está avanzando o está haciendo algún acto para impedir que se continúe con la investigación, es cuando se ejercita la facultad de atracción o cuando se trata de una situación de trascendencia a nivel nacional”, explicó.

Ejemplificó que en los casos de Javier Valdez, Carlos Domínguez y Maximino Rodríguez, la coordinación entre las autoridades ha permitido la vinculación a proceso de los presuntos responsables de los asesinatos.

En relación a la atracción de la investigación un año después del homicidio de Miroslava Breach, el titular de la Feadle justificó que la temporalidad de la atracción derivó en la resolución judicial que determinó la competencia de la autoridad federal.

La fiscalía, aseguró, no ejecutó la facultad de atracción un año después como se ha señalado, un año después la autoridad judicial determinó que esa facultad de atracción era adecuada y competente. La fiscalía ejecutó facultad de atracción meses antes y, ante la negativa de las autoridades locales de poner a disposición de las autoridades federales este proceso, fue que se tuvo que acudir ante un juez federal que después de varias audiencias determinó que la autoridad federal es la competente.

México ha sido señalado por diversas organizaciones como uno de los más peligrosos en el mundo para el ejercicio periodístico, los altos niveles de impunidad, más de 90%, refieren, consideran que son un incentivo para que se sigan cometiendo crímenes.

Al respecto, el fiscal reconoció que la institución no ha tenido los resultados esperados en los asesinatos de periodistas y, entre los retos que se enfrentan, están realizar mejores investigaciones con mayor especialización, capacitación a ministerios públicos, “nos falta evidentemente mayor capacidad policial”.

“A la Feadle históricamente le ha faltado tener resultados concretos de casos de alto impacto; nosotros como fiscalía estamos obligados y comprometidos a darle la mayor importancia a todos los casos, desde el delito más pequeño al de mayor impacto, como fiscalía nos ha faltado dar resultado en los casos que generan mayor impacto en el gremio”, expuso.

Hay, dijo, un número importante en casos de años anteriores en donde no se han venido dando resultados eficientes, la fiscalía está trabajando para poder dar esos resultados eficientes y mandar un mensaje en contra la impunidad.

Aunque la Feadle fue creada en el 2010, de este año a la fecha, de acuerdo con cifras de Artículo 19, han sido asesinados 69 periodistas en México y sólo en el crimen de Armando Rodríguez, ocurrido en el 2008 en Chihuahua, se ha logrado una sentencia condenatoria que ha quedado firme.

“Tenemos que entender que el sistema de justicia penal anterior lleva entre cinco y siete años para obtener una sentencia (...) entonces no podemos medir el trabajo de la fiscalía nada más a partir de eso, tenemos que medir el trabajo a partir de cuántas consignaciones”, explicó.