Guillermo Fernández-Maldonado Castro, de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo que el Estado mexicano tiene la obligación de respetar acuerdos internacionales sobre el uso extraordinario, excepcional, temporal, restringido y subordinado de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

Durante el XIV “Foro de Derechos Humanos del Sistema Universitario Jesuita, Derechos Humanos: Las deudas, capacidades y voluntades del Estado”, organizado por el ITESO Universidad Jesuita de Guadalajara, dijo que una comisión de la ONU que visitó México determinó que a los elementos del Ejército les cuesta trabajo apegarse a protocolos de uso controlado de la fuerza, ya que su naturaleza es someter al enemigo. 

Mencionó que ya hay una sentencia internacional que dice que “el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservados a cuerpos policiales civiles; (y) cuando excepcionalmente participen en tareas de seguridad, la participación de las Fuerzas Armadas debe ser extraordinaria, excepcional, temporal, restringida, subordinada y complementaria y regulada mediante mecanismos legales y protocolos sobre uso de la fuerza”.

Por ello, mencionó que “el debate sobre estrategias de seguridad, el despliegue de las Fuerzas Armadas o la creación de nuevas fuerzas de seguridad civil debe tener presente la voz y la experiencia de las víctimas como guía también de los propios estándares para decisiones que se tomen desde las autoridades del Estado”. 

Violaciones a derechos

María de Jesús Alvarado narró el “Caso Alvarado” que llegó a la CIDH. En diciembre del 2009, tres miembros de su familia, Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes, fueron detenidos por militares en Chihuahua y nunca más se supo de su paradero.

Contó que en aquella fecha, el Ejército comenzó a realizar operativos para detener a personas sin motivo alguno. “Yo recuerdo haber visto en el Ejido Benito Juárez los helicópteros del Ejército y los militares en las plazas, entraban a las escuelas y sacaban a todos los niños de clases y decían que entraran por los niños porque estaban buscando criminales; era mucho el miedo que había, empezaron a haber levantones, desapariciones, torturas y decidimos denunciar”, narró.

Los hechos ocurrieron en el marco de la llamada “Guerra contra el narcotráfico” declarada en 2006 por Felipe Calderón. A partir de marzo del 2008 se implementó en el estado de Chihuahua el Operativo Conjunto Chihuahua, con el despliegue de 2,000 militares y elementos de la Policía Federal.

jorge.monroy@eleconomista.mx