Integrantes de la Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) solicitaron a la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República que se oponga a la propuesta para eliminar el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, que se incluye en la minuta que envió la Cámara de Diputados para extinguir 109 fideicomisos.

La CEAV resaltó que es una obligación del Estado mexicano destinar recursos para garantizar justicia y reparación del daño a quienes han padecido delitos relacionados con la desaparición forzada, trata de personas, violencia generalizada o feminicidios.

De la organización Justicia para Nuestras Hijas, Norma Ledezma, declaró que “la extinción del fondo por corrupción no solo es una aberración, sino una humillación a más de 25,000 víctimas de un Estado fallido, a las que el gobierno no puede garantizar su derecho a la verdad, justicia y reparación integral del daño”.

Por su parte, Irma Hidalgo, de Fuerzas Unidas por Nuestro Desaparecidos, indicó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no está preparada para atender la reasignación de los recursos como se propone, y agregó “es preocupante que el fondo económico esté dispuesto solo para cuestiones administrativas, sin ningún enfoque de derechos humanos”.

Mientras que, Carlos Cruz, fundador de Cauce Ciudadano, alertó que la anulación del fondo provocaría que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se convierta en un elefante blanco.

En tanto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, Kenia López Rabadán, informó que el próximo lunes se reunirá este órgano legislativo para emitir una opinión en torno a la eliminación de los fideicomisos.

Dijo que al fideicomiso del fondo se le han realizado varias auditorías y no puede catalogarse como parte de recursos con una “corrupción sistematizada”, pues tienen reglas claras de operación.

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