La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un señalamiento a México por la muerte de al menos 24 personas de forma violenta en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de la ciudad de Gómez Palacios, Durango, México.

La CIDH insta al Estado a adoptar las medidas pertinentes para evitar la repetición de hechos similares y para investigar y sancionar a los responsables , señaló el mecanismo internacional a través de un postura oficial.

El martes 18 de diciembre de 2012, al menos quince internos y nueve agentes de custodia murieron en un enfrentamiento con armas de fuego producido en el CERESO a raíz de un intento masivo de fuga. Luego de estos hechos, más de quinientos reos habrían sido trasladados del referido centro penal, además aún habría varios heridos de gravedad.

En atención a estos hechos, la CIDH reiteró que los Estados, como garantes de los derechos de las personas privadas de libertad, tienen el deber fundamental de asegurar el control y la seguridad interna de las cárceles .

La Corte subrayó que el debido control por parte de las autoridades del orden interno en las cárceles es el presupuesto esencial para garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

Los Estados tienen la obligación de investigar aquellas muertes de personas que se encuentran bajo su custodia. Estas averiguaciones deben orientarse también a a los posibles autores intelectuales y a aquellas autoridades que por acción u omisión pudieran haber tenido algún grado de responsabilidad.

Al respecto la CIDH recordó similares circunstancias ocurridas en el pasado como la muerte de 44 internos del Centro Penal de Apodaca, Nuevo León el 20 de febrero de 2012; la muerte de al menos 30 reclusos del Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Altamira, Tamaulipas el 4 de enero de 2012; la muerte 17 reos del CERESO de Ciudad Juárez, Chihuahua el 25 de julio de 2011; y la muerte de 23 reclusos en el CERESO No. 1 de Durango ocurrida el 20 de enero de 2010 en tres riñas simultáneas producidas en ese establecimiento.

En este contexto, la Comisión Interamericana reitera su llamamiento urgente a las autoridades mexicanas, a fin de que adopten las medidas idóneas, incluyendo reformas estructurales, destinadas a prevenir brotes de violencia en los centros penitenciarios .

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