CDHDF acompañará acciones contra ley de seguridad

La Comisión de Derechos Humanos capitalina (CDHDF) respaldará las acciones de controversias constitucionales que impondrán por la publicación y entrada en vigor de la Ley de Seguridad Interior, y confiará en la determinación que lleven a cabo los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en su análisis.

“En el ámbito de sus atribuciones, este Organismo Público Autónomo acompañará las acciones que se interpongan ante el Máximo Tribunal que atenten contra el orden constitucional y las libertades, a través de la presentación del documento denominado Amicus Curiae, en el cual se argumente la trascendencia de atender la Reforma Constitucional de 2011 en materia de derechos humanos”.

En un comunicado, la CDHDF indicó que ante la creciente violencia como el que atraviesa el país, “el diálogo entre todos los actores involucrados es necesario”, por ello espera que las y los Ministros escuchen las voces de Organismos Públicos de Derechos Humanos, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), instancias internacionales, academia y personas expertas en el ámbito para emitir una decisión sobre la norma.

Igual que su homóloga nacional reiteró que La Ley de Seguridad Interior es ambigua, propicia la opacidad y pone en riesgo los derechos humanos en todo el territorio nacional.

“Como ya lo han señalado la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), también afecta el diseño y equilibrio constitucionalmente establecido entre entidades, instituciones, órganos del Estado y Poderes”, acotó.

Agrego que se requiere en la ley un enfoque intersectorial que atienda los más altos estándares en materia de derechos humanos, capacitando a nuestras policías y fortaleciendo el andamiaje institucional para garantizar verdaderamente seguridad y justicia.

“(Además) legitimar las acciones de las Fuerzas Armadas para que realicen tareas de seguridad pública, abriría la puerta a más violaciones a derechos humanos y perpetúa los casos de impunidad registrados en la última década en México”, concluyó.

salvador.corona@eleconomista.mx