Avanza la nueva estructura de gobierno

Tras enardecidas discusiones, en dos sesiones diferentes, con el desconocimiento de la bancada del PAN sobre algunos de los acuerdos a los que se llegaron y la utilización de la mayoría de Morena, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley Orgánica de la Administración Pública en donde se estipula la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, de las comisiones de la verdad, entre otros rubros. Al cierre de la edición, la discusión seguía sobre las reservas hechas por legisladores sobre ciertos artículos.

En la primera, de las dos sesiones que se realizaron en la Cámara, que inició pasadas las 11 de la mañana, la comisión de Gobernación, presidida por la diputada de Morena Rocío Barrera, presentó dos dictámenes a consideración de los diputados.

El primero modificaba el artículo 21 de la ley de la Administración Pública, por la cual se da el sustento para crear comisiones presidenciales y consultivas con lo que, han aseverado legisladores correligionarios del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, se dará cumplimiento a la promesa de investigar casos de inseguridad emblemáticos, como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Diputados de partidos de oposición se pronunciaron en contra del dictamen, ya que, denunciaron, no se les escuchó en la creación del proyecto de reforma.

El diputado del PAN Jorge Arturo Espadas Galván señaló que, dentro de las irregularidades que se encontraron en el proyecto, está que en las comisiones que se creen podrán participar funcionarios de los tres poderes que estarán subordinados al presidente de la República, afectando así su autonomía.

La primera reforma —aprobada en lo general y particular por 328 votos a favor, 118 abstenciones y 18 votos en contra y que fue turnada al Senado para su valoración— dispone que a consideración del presidente se podrán crear comisiones consultivas, conformadas por especialistas cuyas observaciones no son vinculantes o comisiones presidenciales que podrán constituirse por especialistas, funcionarios federales o locales y exfuncionarios, cuyos dictámenes serán base para la toma de decisiones.

El segundo dictamen, que consiste en la modificación de alrededor de 27 artículos de la Ley de la Administración Pública Federal y en donde se prevé la creación de la Secretaría de Seguridad, el cambio de nombre de dos más, además de la concentración de facultades en materia de comunicación social de las dependencias federales en la Presidencia de la República, se aprobó en lo general con 305 votos a favor, 97 en contra y 62 abstenciones.

Tras la aprobación en lo general y con más de 150 reservas de artículos enlistadas para discutir, diputados de oposición encabezados por la bancada de Acción Nacional tomaron la tribuna y desplegaron una manta en la que se podía leer: “No a la dictadura obradorista”.

Tras la intención de poner la manta en una de las esquinas de la tribuna y después de jaloneos con legisladores de la alianza Juntos Haremos Historia (Morena, PT y Encuentro Social), el presidente de la Cámara, Porfirio Muñoz Ledo (Morena), declaró un receso; sin embargo, minutos después, al hacerse de palabras con los legisladores de oposición, declaró clausurada la sesión.

Pero alrededor de las 7 de la noche se convocó a otra sesión.

Al iniciar la nueva jornada, la bancada del PAN se ausentó y convocó a conferencia de prensa en donde indicó ante medios que no reconocerían los resolutivos tomados en esta sesión.

“Lo que hoy se está procesando es antifederalista, violenta la soberanía de los estados y la autonomía municipal”, aseveró el panista Juan Carlos Romero Hicks.

En tanto, en la sesión, los coordinadores de las demás bancadas realizaron un posicionamiento. Mario Delgado, coordinador de diputados de Morena, aseveró que es una prerrogativa de los nuevos gobiernos modificar su estructura orgánica.

El coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, por su parte, aseguró que para aquellas voces que estén discordes en la aprobación de la nueva estructura “hay rutas jurídicas en la Suprema Corte”.

En tanto, el coordinador del PRI, René Juárez, adelantó que su grupo parlamentario se abstendría de votar, ya que consideró como un “pisoteo de la Constitución” y una violación al federalismo mexicano y la soberanía de los estados las reformas a la administración pública federal.

Pasadas las 11 de la noche, el PRD anunció su retiro de la sesión.

Una vez dados los posicionamientos, se avanzó a discutir las reservas de los artículos en donde la alianza Juntos Haremos Historia, mayoría en el recinto, utilizó el mismo mecanismo que en la reciente aprobación de la Ley Federal de Remuneraciones, que consistió en votar a favor de discutir las reservas presentadas por las fracciones de oposición, para luego desechar todas y cada una de las propuestas.

Los puntos más importantes de la reforma

• Se empodera a la Oficina de la Presidencia, la cual se encarga, además de sus funciones actuales, de la política de comunicación social del gobierno federal, definir la política de informática, tecnologías de la información, gobierno digital, además de dirigir las delegaciones locales y regionales de programas para el desarrollo social.
• Se crea la figura de delegados estatales a cargo del presidente de la República, que se ubicarán en las 32 entidades y estarán adscritos a la Oficina de la Presidencia. Sus funciones serán la de colaborar con las entidades y municipios para que se realicen las acciones de gobierno encomendadas desde el Ejecutivo federal.
• Se crean las Unidades de Administración y Finanzas en las dependencias federales. Su función será “ejecutar, en los términos de las disposiciones aplicables, los servicios de apoyo administrativo en materia de planeación, programación, presupuesto, informática, recursos humanos, recursos materiales, contabilidad, archivos y los demás que sean necesarios, en los términos que fije el Ejecutivo”.
• La Secretaría de Hacienda establecerá la política de contrataciones públicas en la administración pública federal y concentrará las compras de las dependencias federales.
• Se crea la Secretaría de Seguridad Pública y se cambia el nombre de dos más: la de Desarrollo Social pasa a ser de Bienestar y la de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación será en adelante la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social.
• A la Secretaría de Gobernación se le retira la facultad de conducir la política de seguridad pública. Se queda con las prerrogativas para conducir la política migratoria, las relaciones entre el Ejecutivo con los demás poderes, de verificar el padrón de medios de comunicación nacional, así como vigilar que el Estado sea laico.
• Se integra el artículo 30 bis, que precisa las tareas que tendrá la Secretaría de Seguridad Pública, cuyas funciones consistirán, además de llevar la política de seguridad pública, la de administrar el sistema penitenciario y se encargará de ejecutar las penas federales.