El Centro Nacional de Información (CNI) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) anunciaron la revisión, con acompañamiento de la ONU, del modelo actual con el que fiscalías y procuradurías reportan la incidencia delictiva, debido a las denuncias de que algunos gobiernos de los estados maquillan las cifras.

El objetivo, dijeron, es que haya un cambio en la metodología y se fortalezcan otros instrumentos de medición para que sean “espejo” de los datos que reportan los estados, como el Nuevo Informe Policial Homologado, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del Inegi y el registro de llamadas al 911.

David Pérez Esparza, titular del Centro Nacional de Información (CNI); Bertha Alcade Luján, secretaria ejecutiva adjunta del SESNSP, y Antonino de León, representante de Naciones Unidas contra el Delito y la Droga, anunciaron el Modelo de Revisión Estadística (More) de la Incidencia Delictiva Nacional Avances Iniciales, con el que se busca evaluar permanentemente la forma en que los gobiernos estatales reportan datos.

La iniciativa fue respaldada por organizaciones sociales a través de Mario Arrollo Juárez, director ejecutivo del Sistema de Información para la Seguridad Humana, SC, y Orlando Camacho de la organización México SOS.

“Hay muchas cosas importantes que nos indican que hay un subregistro de esta información, y lo primero (que) hay que tomar en cuenta es que no se trata de un proceso inquisitivo en donde vayamos con las entidades a ver qué están escondiendo y nos den toda la información. Lo que identificamos es que necesitamos criterios homologados en la apertura de carpeta de investigación”, dijo Alcalde Luján.

“Si nosotros medimos únicamente con las carpetas de investigación que se abren, estamos dejando fuera 90% de los delitos que se cometen en el país. Nos queda claro que tenemos que fortalecer la encuesta de percepción de inseguridad y de victimización. Únicamente contando con estos otros mecanismos también vamos a generar incentivos para que las entidades reporten de manera correcta la incidencia delictiva”, agregó.

“Esto no quiere decir que haya dolo de las entidades federativas —en varios casos sí—, pero no necesariamente. Muchas veces se debe a que contamos con tipos penales muy distintos en cada entidad federativa, incluso con tipos penales que son inexistentes, por ejemplo el caso del feminicidio. El principal objetivo de esta nueva metodología es: antes de ser un proceso inquisitivo, que todos nos pongamos de acuerdo, y que todos estemos reportando a partir de los propios criterios”.

David Pérez Esparza, del CNI, expresó que la nueva metodología, que podría darse a conocer en dos meses una vez que esté elaborada, busca dos cosas: mejorar la calidad de la información y que no haya incentivos para que los gobiernos de los estados falseen la información.

Antonino de León, representante de Naciones Unidas contra el Delito y la Droga, dijo: “nos parece muy acertada esta atención prioritaria a la mejora de la calidad estadística, de los datos, porque es fundamental para el diseño de políticas públicas eficientes en materia de seguridad y justicia”.

El representante social ante el SESNSP, David Arrollo, expuso que “la información que están entregando muchos estados de la República no es para nada la que se necesita, incluso algunos estados han sido señalados por los actuales titulares, es el caso de la Ciudad de México, están entregando, no quisiera decir falseando, información incorrecta de delitos graves como es el secuestro, que los están clasificando de otra manera, están calificando a veces de manera dolosa los robos como robos simples, y eso lo único que demerita es el trabajo de las propias procuradurías y fiscalías, porque se están ocultando esas cifras a sí mismos, sobre todo a sus ciudadanos.

“¿Por qué es tan importante esta información? Porque lo que está en juego son vidas, la seguridad de los mexicanos, y no podemos estar luchando contra la delincuencia a ciegas”, comentó.

David Pérez Esparza, titular del CNI, indicó que ya comenzó la revisión al marco metodológico, mediante el envío a las fiscalías y procuradurías estatales de un cuestionario de evaluación acerca de cómo registran delitos.