La ASF advirtió que el aumento de víctimas de violencia en el país y la reducción de recursos para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) causarán, en el corto plazo, que las labores de esta comisión se vean comprometidas, al tiempo que sus acciones serán insuficientes para atender la demanda en los próximos años.

A través de su revisión a la Cuenta Pública de 2019, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detalló que para el 2014, el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), contó con recursos por 47,039 millones de pesos, y se atendió a 174 víctimas de violencia.

Para el 2019, los recursos del FAARI ascendieron a 980,124 millones de pesos y se brindó atención a 8,118 personas.

“De continuar con esta tendencia, los recursos de éste, o de cualquier instrumento similar para proteger a las víctimas, serán insuficientes para atender la demanda en los próximos años”, alertó la Auditoría.

La ASF consideró que la implementación de la política de atención a víctimas tiene deficiencias en el diseño y en la totalidad de sus componentes, por lo que, como resultado de su operación, las instituciones a cargo de ella carecen de información para conocer en qué medida la instrumentación de medidas de protección y reparación integral fueron cumplidas con oportunidad y suficiencia y, en consecuencia, no acreditan cómo es que su labor promueve el desarrollo de resiliencia en las víctimas que les permita superar su vulnerabilidad y restablecer su proyecto de vida.

“No existen diagnósticos de la población total susceptible al acceso a medidas para su beneficio ni de la población objetivo de la política, y no se cuenta con un marco normativo definido de actuación entre las autoridades de la política, situación ocasionada por la ausencia de un diseño normativo claro y preciso, así como por las ambigüedades identificadas en los aspectos programático y de rendición de cuentas”, subrayó en ente fiscalizador.

maritza.perez@eleconomista.mx