Aquí, ningún reo es visto como de alta peligrosidad

¿A dónde se dirige? A la prisión militar. ¿Es usted licenciado? Vengo por una información, aquí está mi conducto. Identificación. ¿De dónde viene? Soy civil. La Secretaría de la Defensa Nacional aceptó proporcionarme una documentación. ¿Para qué la requiere? Soy periodista. La respuesta inquieta al sargento, pero luego admite: todo es correcto, siga de frente.

Hay que adentrarse unos 10 kilómetros en el Campo Militar Número 1-A, en Lomas de Sotelo, en el DF, para llegar a la Prisión Militar Adscrita a la I Región Militar, donde militares y marinos purgan una condena por diferentes delitos: deserción, en su mayoría; insubordinación; infracción de dar parte contrario a lo que sepa; fraude; robo; malversación de fondos; cohecho, y otros más delicados, como homicidio imprudencial o calificado, traición a las Fuerzas Armadas Mexicanas; tráfico de narcóticos y delincuencia organizada.

Con las modificaciones al fuero militar, ahora los elementos castrenses pueden ser juzgados en tribunales civiles, pero la condena la realizan -por su seguridad- en este penal o bien en la Prisión Militar Adscrita a la III Región Militar en Mazatlán, Sinaloa, o la de la V Región Militar en Zapopan, Jalisco.

Siga de frente, verá un cañoncito, luego una gasolinera y dobla a la derecha. Ahí está la prisión , dice amablemente un elemento que realiza labores de limpieza.

No es raro que los efectivos convivan con civiles dentro de sus instalaciones. Los rigurosos protocolos del Ejército han sido modificados en los últimos años para acercarse a la ciudadanía.

Después de recorrer algunos kilómetros, a la vista se encuentra un circuito verde con un antiguo cañón. Unos tres kilómetros adelante se observa el edificio del Tribunal de Juicio Oral y los Juzgados de Distrito; de frente, la sede de Consejo de Honor, y enseguida la prisión militar.

Por la avenida camina un hombre con vestimenta color azul rey, escoltado por dos efectivos armados. Es habitual, nos dicen, que de la prisión salgan caminando los internos para dirigirse a los juzgados a careos, audiencias y seguimiento a su juicio, siempre resguardados por dos militares armados.

Similar a las prisiones civiles, muros de tres a cinco metros con casetas de vigilancia identifican a la prisión militar. Hay que cruzar un primer acceso que separa al edificio del Tribunal Militar de la prisión, a la que se entra por una gran puerta de metal color turquesa.

Luego, esperar bajo una carpa la siguiente indicación. Ahí, acompañada de un abogado, aguarda una señora, cuyo esposo -un militar- fue acusado por un taxista de robo, por lo que fue recluido en el Reclusorio Oriente del DF. La señora y su abogado acuden a la prisión militar para cobrar 50% del salario al que tiene derecho todo militar, aun siendo sometido a un juicio. La mujer también desea solicitar que el militar sea llevado a esta prisión, porque los internos del reclusorio ya se enteraron de la condición militar de su esposo, por lo que ve riesgo a su seguridad.

Ningún soldado preso en esta prisión del Campo Militar 1-A es considerado un reo peligroso, tampoco es una cárcel de alta seguridad, dice la sargento Mónica, tal vez porque no hay registros públicos de fugas, motines o disturbios en una cárcel militar.

Para ingresar al penal hay que registrase en otro filtro y luego entrar a una habitación donde nuevamente se realiza otra revisión. El Economista tuvo acceso -vía una solicitud de información ante la Sedena- a los libros de gobierno de la Prisión Militar Adscrita a la I Región Militar, donde están recluidos los siete elementos del Ejército que participaron en el operativo del Tlatlaya, estado de México, desertores de las Fuerzas Armadas y grupos militares detenidos en los estados de Michoacán y Guerrero acusados de servir a la delincuencia organizada.

jmonroy@eleconomista.com.mx