El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación iniciará el estudio de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, decretada el 18 de marzo del 2016.

Además, el análisis contribuiría para que en la discusión de la Ley de Seguridad Interior en el Congreso de la Unión se asuman criterios de constitucionalidad y dejar claro cuándo y en qué momento las Fuerzas Armadas podrían intervenir en labores de seguridad nacional, así como el uso de la fuerza en el combate a los cárteles de la droga y el crimen organizado, sin que incurran en ilícitos o violaciones a los derechos humanos.

El proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán consta de 199 fojas e integra los incidentes de inconstitucionalidad de la LIX Legislatura, de la comisión de Derechos Humanos mexiquense, y de la Nacional de Derechos Humanos, que impugnan el artículo 40 de la ley.

El razonamiento de declararlo inconstitucional del ministro ponente Pérez Dayán, que será expuesto este lunes a los otros 10 integrantes del pleno del máximo tribunal del país, se sustenta en que el uso de la fuerza bajo ninguna concepción democrática y basada en los derechos del ser humano puede considerarse la primera opción a la que recurran los agentes del orden público en el desempeño de sus funciones .

Sobre el sobreseimiento de la inconstitucionalidad que interpusieron los diputados del Estado de México en contra de la misma norma, establece el ministro Pérez Dayán que los legisladores locales de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Encuentro Social (PES), Verde Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza (PANAL) y de la Revolución Democrática (PRD) pudieron, con el 68% que componen, frenar dicha norma.

En cuanto a los incidentes de inconstitucionalidad de la Comisión Nacional y la mexiquense de Derechos Humanos, el proyecto del ministro propone admitir y comenzar la discusión de fondo .

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