Adolescentes infractores: cuando no existe opción de futuro

“La mayoría no sale bien de aquí porque no es lo suyo portarse bien. Ellos quieren salir para hacer lo mismo, seguir delinquiendo, y yo quiero cambiar, aunque no sé qué es lo mío, qué es lo que yo quiero; todavía no sé”, dice un adolescente privado de su libertad, desde un Centro de Internamiento en Puebla. La necesidad de proyectar una imagen de sí a concretar en el futuro, incluso el espacio para la duda ante las posibilidades, son propias de la adolescencia, una etapa del desarrollo en que comienza a planificar el rumbo de la vida propia. El chico en internamiento no duda ante la variedad de opciones que la vida le da, sino ante la carencia de ellas.

El testimonio lo recoge el informe especial Adolescentes: vulnerabilidad y violencia, realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), y forma parte de una investigación realizada en el 2016 que analiza las condiciones de vulnerabilidad a las que se ven expuestos los adolescentes que se encuentran privados de su libertad por haber cometido infracciones graves.

El estudio parte de la premisa de que los adolescentes —periodo comprendido entre los 12 y los 18 años— son un sector de la sociedad altamente vulnerable. Parte del problema radica en que su especificidad se pierde al ser incluidos en grupos de población más grandes, como el de los niños (0 - 17 años) o el de los jóvenes (15 - 29 años), por lo que sus necesidades específicas no son atendidas las más de las veces por las políticas públicas. Aparejado a ésto, la violencia y la pobreza tienen un efecto mayor en quienes están en esta etapa, en la que el cerebro está en un proceso de maduración que lo hace muy maleable y por lo mismo tremedamente expuesto e influenciable por las condiciones externas.

En México los índices de desigualdad económica, la pobreza y la violencia son muy altos. Esta violencia estructural encuentra víctimas fáciles entre los adolescentes, que además de sufrir los efectos perniciosos de estos factores se pueden ver afectados a nivel neurológico, pues fenómenos como la violencia pueden desviar el curso del desarrollo de sus cerebros, con consecuencias permanentes tanto para los individuos como para la sociedad.

Los números de la pobreza para este segmento poblacional son preocupantes. Un informe del 2016 de la Unicef y el Coneval señala que en el 2014 la población infantil y adolescente (0 – 17 años) sufría con más frecuencia los efectos de la pobreza en relación con otros grupos de edad. La proporción niños y adolescentes en pobreza fue 12% más alto que en la población de 18 a 64 años, así como 8% mayor que en la población de 65 años o más. En el 2014, el 54% de los niños y los adolescentes carecían de las condiciones mínimas para garantizar el ejercicio de uno o más de sus derechos sociales, como la educación, el acceso a la salud, a la seguridad social, a una vivienda de calidad y con servicios básicos y a la alimentación.

En el 2016, en el país se contabilizaron 11 millones de adolescentes, lo que representa casi 10% de la población total. La población de adolescentes sujetos a diversas medidas por haber cometido algún delito, a inicios del 2016, era de 13,327 adolescentes de los que 93% son hombres (12,392) y 7% mujeres (935). Del total de adolescentes sujetos a alguna medida, 3,761 (28%), se hallaban privados de su libertad por haber cometido algún delito considerado grave. De estos, 3,600 son hombres (96%) y 161 mujeres (4 por ciento).

El Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes cuenta con un total de 54 centros para adolescentes en conflicto con la ley en los que se interna a la población de adolescentes privados de libertad. Los avances en los descubrimientos en las ciencias del comportamiento y de la neurociencia han cambiado el enfoque puramente punitivo del sistema de justicia juvenil a uno que busca ayudar a la reinserción del adolescente infractor a la sociedad y a que haga una transición sana a la adultez. Los testimonios dados por los jóvenes internos en el sistema de justicia penal que entrevistó la CNDH para realizar el informe contradicen estos propósitos.

Muchos de los testimonios de los adolescentes en reclusión reclaman su inocencia ante delitos que no cometieron, y que fueron encontrados culpables por acusaciones creadas por los cuerpos policiacos u otras figuras de autoridad, que el sistema judicial validó, y que no se garantizaron sus derechos en los procesos. Así, jóvenes pertenecientes a etnias indígenas terminaron con un fallo de culpabilidad por no hablar español; jóvenes provenientes de familias de bajos recursos acusan que terminaron en un Centro de Internamiento por no poder pagar asistencia legal. Otros más fueron incriminados sólo por estar en el lugar y en el momento equivocados. Apresados por los cuerpos policiacos al realizar un operativo contra la delincuencia organizada, y luego acusados de ser parte de alguna banda criminal, terminaron privados de su libertad sólo porque el valor de su palabra fue nulo para el sistema de justicia, que en cambio dio valor a la palabra de la parte acusadora.

Víctimas de las condiciones económicas del país y del sistema penal, también son víctimas directas de la crisis de seguridad. De acuerdo con el informe de Save the Children: Las y los adolescentes que México ha olvidado, publicado en el 2016 y referido en el informe de la CNDH, 8% de los homicidios que se cometen en el país tienen como víctimas a los adolescentes de entre 15 y 19 años. Las tasas de muertes violentas en el grupo de los adolescente en el país se han incrementado los últimos 15 años.

Las conclusiones del informe manifiestan que de no cambiarse las condiciones económicas en el país y de resolverse la crisis de seguridad, la victimización de los adolescentes seguirá, con efectos negativos para toda la sociedad.

“No tengo idea qué hacer más adelante. Pienso en mi futuro, salir a los 21 para trabajar, quiero mejorar, pero no tengo alguna idea de cómo mejorar”, es el testimonio desesperanzador de uno de los adolescentes entrevistados para el informe. La baja movilidad social y la alta desigualdad garantizan para muchos de estos adolescentes que al salir del Centro de Internamiento su situación no mejorará. En México, la falta de opciones y oportunidades es un delito que se castiga con la pobreza.