Senadores del Partido Acción Nacional presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de la República contra del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, por los delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, encubrimiento, cohecho, fraude y peculado.

En conferencia de prensa, los panistas, coordinados por Fernando Herrera, urgieron a la PGR a investigar al también expresidente nacional del PRI, al advertir que en Estados Unidos ya hay indagatorias al respecto.

Fernando Salazar, por su parte, recordó que en Estados Unidos se han abierto varias investigaciones sobre la red de corrupción que operó en Coahuila para desfalcar al estado e invertir el dinero robado en cuentas y en propiedades en Texas .

Derivado de esas indagatorias, se detuvo a Javier Villarreal, extesorero de la entidad; se sentenció al empresario Rolando Treviño y la DEA busca a Jorge Torres López, exgobernador de Coahuila, completó.

Destacó que en Texas también se investiga a Humberto Moreira por lavado de dinero, incluso recordó que se le involucra por recibir al menos 2 millones de dólares por parte de los Zetas a cambio de proteger y dejar operar al grupo criminal en la entidad.

Como siempre, las autoridades en nuestro país siguen queriendo ser cómplices y omisas en investigar y en sancionar a quienes de la noche a la mañana endeudaron a Coahuila con 36,000 millones de pesos , declaró. Tan sólo hace unos días tuvimos un claro ejemplo: mientras en Estados Unidos, Jorge Torres ha sido fichado por la DEA por el delito de conspiración de lavado de dinero en nuestro país, la procuraduría estatal declaró que el enriquecimiento por 3 millones de dólares de este funcionario se debió, por cierto, a una inexplicable donación millonaria que le hizo su padre , añadió.

Mientras tanto, la vicecoordinadora de los senadores del PAN, Mariana Gómez del Campo, reprochó la demanda por daño moral que recientemente interpuso Humberto Moreira en contra del académico Sergio Aguayo.

Estamos exhortando al Ejecutivo federal a garantizar el respeto a la libertad de expresión y el derecho a la información de ciudadanos. Segundo: adoptar las medidas necesarias para evitar que el sistema de justicia en México sea utilizado como una herramienta para acosar, intimidar o inhibir el ejercicio de la labor periodística y de investigación , dijo al precisar el contenido de un punto de acuerdo inscrito ante la Comisión Permanente.

tania.rosas@eleconomista.mx