A La Secretaría de Gobernación (Segob) deberá hacerse el traslado de las bases de datos y funciones del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Armando Luna Canales (PRI), descartó que la acumulación de temas y responsabilidades que tiene la Segob le incapaciten para comenzar la búsqueda de los más de 30,000 desaparecidos que se reportan en el país.

“El presidente (Enrique Peña Nieto) dio instrucciones para que lo que actualmente está en la PGR, funciones, de material, de personal, de equipo, se traslade a la Secretaría de Gobernación para que se haga el trabajo correspondiente”, dijo el diputado.

¿Podrá la Secretaría de Gobernación con otro tema, dado que ya tiene la responsabilidad de la seguridad y la política interna?, se le preguntó.

“Seguro sí. Se ha venido avanzando, y la ley  (General en Materia de Desaparición Forzada de Personas) justamente va a facilitar que se haga el trabajo de manera coordinada. El trabajo de instrumentar esta ley no es lo que haga la Secretaría de Gobernación o la PGR, es la capacidad de impulsar coordinación con todas las instancias nacionales, y de eso la Secretaría ha dado una prueba muy clara de tener una gran capacidad para hacerlo, en materia de seguridad, de víctimas, de temas que ya están instrumentados”, considera Luna Canales.

Recordó que la Secretaría de Gobernación tendrá para el 2018 un presupuesto de 186 millones 354,100 pesos para la creación de la comisión nacional de búsqueda, el fortalecimiento de la Plataforma México y la operación del Banco Nacional Forense.

El diputado federal coahuilense destacó que si bien el jueves pasado se promulgó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, las más de 30,000 personas que se reportaban como desaparecidas deberán ser buscadas de acuerdo con lo que marca el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Hizo un llamado a los gobernadores del país a no esperar los tiempos que marca dicha ley para la implementación de sus sistemas locales, sino comenzar de inmediato.

“Yo esperaría que fuera de inmediato, temas como el traslado del Registro de Personas Desaparecidas de PGR a Gobernación, como la instrumentación de la comisión de búsqueda a nivel nacional, así como el apoyo a los estados, tanto para legislar como (en la) instalación de sus comisiones estatales.

VEN CIUDADANOS POCA EFECTIVIDAD EN LA BÚSQUEDA

Una encuesta sobre desaparición forzada levantada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados arrojó que la mayoría de los mexicanos califica como malas las acciones de búsqueda de personas, además de que aprueban que instituciones extranjeras investiguen, como en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

La encuesta del CESOP reflejó, sin embargo, que 53.3% de los encuestados se mostró optimista ante la creación de la ley general de desapariciones forzadas.

Así, 53% calificó como malo el desempeño del gobierno mexicano en buscar fosas clandestinas, y 58% consideró que no ha sido bueno el trabajo para generar protocolos de búsqueda de desaparecidos.

Además, 64% estimó como mala o muy mala la labor del gobierno para castigar los casos de desaparición forzada y 70% refirió tener la certeza de que en casos de desaparición está involucrado el narcotráfico.