La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) informó tener abiertos 82 expedientes por casos de violencia política contras mujeres durante procesos electorales.

Cabe destacar que en el 2016 se registró la máxima expresión de la violencia en contra las mujeres, con 103 casos de asesinatos, golpes, ataques verbales y con armas en contra de mujeres candidatas o aspirantes a cargos de elección popular.

Mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, la Fepade explicó que de los 82 expedientes que investiga, cinco corresponden a hecho ocurridos en el estado de Puebla, y el resto en estados como Oaxaca, Veracruz y Chiapas, entre otros.

En ese marco, la Cámara de Diputados tiene listo un dictamen de reformas que prevé discutir en el pleno a partir del 1 de septiembre, para sancionar más severamente las conductas de agresiones contra las mujeres que participan en la política.

El pasado 25 de abril, la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó reformas para combatir la violencia política contra las mujeres.

El dictamen de reformas a la Ley Federal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece el concepto de violencia política en razón de género, que tenga por objeto limitar, anular o menoscabar el ejercicio de los derechos político-electorales de una mujer.

Se instaura que la violencia política se considerará cuando haya presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, vejación, discriminación, amenazas, privación de la libertad o de la vida. Corresponderá a la Procuraduría General de la República a través de la Fepade proteger los derechos políticos de las mujeres, y se faculta al Instituto Nacional de las Mujeres para que promueva políticas públicas.

Asimismo, las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales obliga al Instituto Nacional Electoral, así como a los Organismos Públicos Locales a prevenir los actos de violencia contra las mujeres políticas.

Se plantea que cometerá violencia política: los partidos políticos, aspirantes a cargos de elección popular, candidatos independientes, ciudadanos, dirigentes y afiliados de partidos, servidores públicos de los tres niveles de gobierno y concesionarios de radio y televisión.

Las causales de violencia contra las mujeres serán las siguientes: proporcionar u ocultar información que intente impedir a una mujer a participar en un proceso interno o electoral; impedir su toma de protesta.

Será inhabilitado, el acusado de violencia política, para desempeñar cargos públicos. El INE podrá iniciar un procedimiento especial sancionador cuando el acusado sea un partido.

Las reformas a la Ley General de Partidos obligan a los institutos políticos a garantizar la paridad de género en las candidaturas a Diputados y Senadores y a abstenerse de difundir propaganda política que calumnie a las personas o incite a la violencia o discriminación.

Los partidos estarán obligados a reformar sus estatutos internos para ordenar a sus militantes que se apeguen a esas normas.

En el capítulo de sanciones en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, contempla una sanción de 50 a 100 días de multa y prisión de seis meses a tres años a quien cometa violencia política. Incluye también de 50 a 200 días de multa, y prisión de dos a seis años a quien cometa violencia contra una candidata.