La religión con vestido laico nunca dejó nuestras vidas

La evolución de las ideas políticas en Occidente muestra cómo conceptos originalmente religiosos -libertad, igualdad, propiedad, solidaridad- fueron secularizados por la Ilustración y transformados en principios laicos, aunque nunca se desligaron del todo de sus raíces originales. La historia de las ideas revela que sigue vigente la tensión entre lo religioso y lo secular, pues las categorías políticas modernas aún se nutren de doctrinas religiosas. En el origen, conceptos como bueno y malo tenían como finalidad la supervivencia y la cohesión social: he aquí el cimiento de la ética. Con el tiempo, ese principio vital-ético, por su repetición, evoluciona en costumbre para dar paso a la moral. A partir de entonces adquiere un significado cercano al poder: regir y regular la conducta y la organización humana. Así, la ética da paso a la moral (costumbre), cuyo sentido y finalidad son ordenar y jerarquizar lo social.

El puente entre ética y moral se encuentra en la transformación de principios vitales en normas comunitarias. La ética, como instrumento de supervivencia y cohesión social, se transforma, por efecto de prácticas repetidas, en costumbres. La finalidad de las costumbres es regular la conducta individual y establecer jerarquías: autoridad, dominio, control y orden. De este modo, lo que en un inicio es un principio ético de convivencia se convierte en un sistema moral que legitima el poder y organiza la vida social. La moral, entendida como costumbre, es el fundamento de las instituciones y el marco de referencia de la organización política, pues permite justificar la autoridad y normar las conductas personales en función de la estabilidad del grupo social.

Esta evolución explica el concepto de soberanía. Primero, Dios fue concebido como soberano absoluto, fuente de toda autoridad y orden. Posteriormente, en la Edad Media y la Edad Moderna, la soberanía se trasladó al rey, considerado representante de Dios en la tierra y depositario del poder político. Finalmente, con la Ilustración y las revoluciones modernas, la soberanía se desplazó hacia el pueblo, entendido como sujeto colectivo capaz de autogobernarse y establecer las bases de la legitimidad política. Este tránsito de la soberanía -de lo divino a lo monárquico y luego a lo popular- refleja la transformación de las categorías éticas en morales y, finalmente, en principios políticos.

En la tradición judeocristiana, la libertad se entendía como libre albedrío otorgado por Dios, la propiedad estaba vinculada a la autoridad patriarcal y comunitaria, y la igualdad y la solidaridad se expresaban como igualdad espiritual ante Dios y deber de caridad hacia el prójimo. Estos conceptos funcionaron como mecanismos de cohesión comunitaria. Posteriormente, al evolucionar como cultura, que sustenta la costumbre (moral), justificaron las jerarquías sociales y legitimaron al asentamiento de la autoridad. Así se establecieron los roles y las conductas. También el islam, el budismo y otras creencias y doctrinas generaron sistemas normativos que aún regulan la vida social y política, mostrando que la religión fue el primer marco de organización política.

La polémica en el siglo IV entre los teólogos Pelagio y Agustín de Hipona (San Agustín) sobre el libre albedrío anticipa esta evolución (Tzvetan Todorov, Los enemigos íntimos de la democracia, 2012). Pelagio defendía que el hombre, creado a imagen de Dios, tenía plena capacidad de elegir el bien sin depender de la gracia divina. Esta visión igualaba al hombre con Dios y lo concebía como dueño de sí mismo, de su cuerpo y, por extensión, de lo que existe en la tierra. El libre albedrío se convirtió así en germen de la libertad de pensamiento, en un paso hacia la emancipación del hombre de todos los poderes externos y, finalmente, en fundamento de la soberanía popular: la capacidad de los hombres de darse sus propias leyes y su propio gobierno. La democracia moderna encuentra aquí su raíz, en la idea de que la libertad humana es suficiente para construir un orden político legítimo.

Las guerras de religión en Europa en los siglos XVI y XVII impulsaron la necesidad de separar política y fe. John Locke defendió la tolerancia y la libertad de conciencia en su Carta sobre la tolerancia (1689). Montesquieu introdujo la división de poderes en El espíritu de las leyes (1748). Voltaire, en su Tratado sobre la tolerancia (1763), y Rousseau, en El contrato social (1762), plantearon la soberanía popular y la tolerancia religiosa. El habeas corpus, consolidado en Inglaterra desde el siglo XVII, reforzó la idea de que el cuerpo es propiedad del individuo, garantizando libertad frente al poder estatal. La Ilustración transformó así conceptos religiosos en principios políticos universales.

La Revolución Industrial convirtió la propiedad en motor de acumulación y desigualdad, mientras que la solidaridad se transformó en políticas de bienestar. Los socialistas utópicos —Henri de Saint-Simon, Charles Fourier y Robert Owen— intentaron humanizar la propiedad de los medios de producción mediante cooperativas y comunidades armónicas. Saint-Simon defendía una organización social basada en la cooperación industrial y científica (El sistema industrial, 1821), Fourier imaginó falansterios donde la propiedad se compartiera en comunidades armónicas (El nuevo mundo industrial y societario, 1829), y Owen impulsó colonias experimentales para demostrar que la propiedad podía gestionarse colectivamente en beneficio de todos (A New View of Society, 1813). Estos postulados intentaron reconciliar la propiedad con la dignidad humana y la justicia social, pero fracasaron en la práctica por falta de sostenibilidad económica y resistencia política.

El fracaso de estos experimentos abrió paso al marxismo. Karl Marx y Friedrich Engels criticaron la propiedad privada como fuente de explotación y desigualdad. Engels, en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado (1884), planteó que estas instituciones son construcciones históricas destinadas a perpetuar la dominación de clase. La crítica marxista transformó el debate: la propiedad dejó de ser vista sólo como garantía de libertad individual y pasó a ser cuestionada como mecanismo de opresión política. Así, el concepto de propiedad que defendía la libertad corporal y prohibía las detenciones arbitrarias (habeas corpus), fundado en el principio de libre albedrío e igualdad entre los hombres, se transforma en un sistema de dominio y jerarquía.

En los siglos XX y XXI se da un paso adicional en la evolución de la propiedad como mecanismo de poder económico y control político sobre la libertad individual. En Estados Unidos, la doctrina de la “personalidad corporativa” (corporate personhood) otorgó a las empresas derechos constitucionales similares a los de las personas físicas (ampliando su influencia política gracias al enorme gasto electoral que destinan), como lo reconoció la Suprema Corte en el caso Citizens United v. FEC (2010). En Europa y América Latina, la religión sigue influyendo en debates sobre moral pública, derechos reproductivos y educación: el cuerpo y la libertad supeditados al poder político. Los conceptos de libertad y propiedad, concebidos como garantías frente al poder, han sido usados para concentrar poder económico y político, agudizando la desigualdad.

La política occidental es inseparable de sus raíces religiosas, aunque la Ilustración transformó esos conceptos en principios laicos. Sin embargo, la secularización no eliminó la influencia religiosa, sino que la reconfiguró. Hoy, la tensión entre lo religioso y lo secular sigue marcando debates sobre libertad, propiedad e igualdad, mostrando que las categorías políticas modernas son híbridos culturales que evolucionan constantemente. El reto es rescatar el sentido originario de estos conceptos -garantizar la libertad y la cohesión social- que se convirtieron en instrumentos de opresión y concentración del poder.

En suma, los conceptos que nacieron como garantías de cohesión y libertad se transformaron en instrumentos de poder. La libertad, que en su origen defendió la autonomía frente a la autoridad divina o monárquica, se convirtió de liberalismo político a liberalismo económico: “dejar hacer y dejar pasar”, que en la práctica equivale a que el más fuerte o poderoso se imponga sobre los demás. La propiedad, que surgió para preservar la libertad corporal y protección frente al poder, se transformó en derecho corporativo que otorga a las empresas prerrogativas similares a las de las personas. En este proceso, los ciudadanos pierden capacidad de controlar y regular a sus comunidades. Mientras tanto, los poderes económicos y políticos se hacen del control social y político. La democracia, concebida como instrumento de participación y control sobre los poderes (religioso, económico y político) deja de ser funcional al favorecer las desigualdades y minar la cohesión social. Este desplazamiento explica el malestar social contemporáneo, así como el auge de los populismos, que emergen como respuesta a la percepción de que las instituciones tradicionales ya no garantizan ni libertad ni igualdad, sino que protegen privilegios y concentran el poder.