Prometieron Dinamarca, privatizaron la factura

"La salud se prometía gratuita..."

La promesa de un sistema de salud como el de Dinamarca debe evaluarse donde más importa: en la posibilidad de recibir atención y en el bolsillo de las familias. Entre 2018 y 2024, el gasto de bolsillo en salud por hogar aumentó un 41.4% en términos reales. Para los hogares de menores ingresos, el incremento fue de 83%. La gratuidad prometida contrasta con una factura privada cada vez mayor.

El problema tiene una palabra clave: desprotección. Cuando una institución no entrega un medicamento o no brinda atención oportuna, la necesidad no desaparece. La familia debe encontrar otra salida. Los datos permiten dimensionar ese costo: el gasto trimestral promedio por hogar pasó de 1,135 a 1,605 pesos, a precios comparables. No es únicamente inflación; es un aumento real de los recursos familiares destinados a la salud.

El balance de acceso tampoco admite triunfalismos. Según el INEGI, en 2024 había 44.5 millones de personas con carencia por acceso a los servicios de salud, lo que representaba el 34.2% de la población. En 2018 eran 20.1 millones. La diferencia es de 24.4 millones de personas. Debe reconocerse que el indicador mejoró respecto de 2022, cuando alcanzó 39.1%; pero esa recuperación parcial todavía deja al país muy lejos del punto de partida.

Conviene precisar qué estamos midiendo. La falta de acceso a servicios de salud no equivale a tener pacientes rechazados en una consulta ni debe confundirse con la falta de seguridad social. Tampoco tener afiliación garantiza, por sí mismo, medicamentos, diagnósticos o cirugía oportuna. Por eso, una evaluación seria debe considerar conjuntamente el acceso, la atención efectiva y la protección financiera. El diagnóstico no puede basarse en un solo indicador.

La gratuidad que se paga en la farmacia. La evidencia más preocupante está en los gastos catastróficos: aquellos que superan 30% de la capacidad de pago del hogar, una vez consideradas sus necesidades de subsistencia. En 2024, alrededor de 1.11 millones de hogares enfrentaron esa situación, 64.5% más que en 2018. No hablamos solo de gastar más, sino de comprometer la estabilidad económica de la familia para atender una enfermedad.

El contraste distributivo es contundente: mientras que el gasto de bolsillo promedio creció 41.4%, entre las familias de menores ingresos aumentó en 83%. Un sistema público debe proteger especialmente a quienes tienen menos capacidad de pago. Estos resultados muestran que esa protección sigue siendo insuficiente y que el costo de enfermar se ha vuelto más pesado precisamente donde hay menor margen para absorberlo.

Sería metodológicamente incorrecto atribuir todo ese incremento a una sola decisión gubernamental. La evolución del gasto no prueba, por sí misma, una causa única. Pero tampoco es aceptable presentar la gratuidad como un resultado consumado cuando tanto el desembolso familiar como el número de hogares con gastos catastróficos aumentaron. La obligación del gobierno es explicar esa contradicción con evidencia, no descalificarla.

Cambiar instituciones no basta. La desaparición del Seguro Popular, la creación del Insabi y la posterior transición al IMSS-Bienestar no consolidaron la cobertura universal prometida. El análisis de México Evalúa sobre el periodo 2018–2024 identifica un debilitamiento de las garantías presupuestarias. La discusión, por tanto, no consiste en defender siglas, sino en determinar qué mecanismos aseguran la continuidad de la atención y la protección frente a enfermedades costosas.

Las compras públicas ofrecen otro ejemplo de la distancia entre los anuncios y los resultados. En marzo de 2025, el subsecretario Eduardo Clark reconoció posibles sobreprecios cercanos a 13,000 millones de pesos en la adjudicación de 175 claves de medicamentos de la compra consolidada 2025–2026. Informó también que el proceso se detuvo y que los funcionarios involucrados fueron destituidos de sus cargos.

La precisión importa: ese monto era un sobrecosto potencial detectado, no dinero cuyo desvío estuviera acreditado. Pero la pregunta administrativa permanece: ¿cómo llegó una compra de esa magnitud a presentar semejantes anomalías? Detectarlas es necesario; demostrar que las adquisiciones posteriores fueron competitivas, oportunas y llegaron a los pacientes es la prueba pendiente.

Un presupuesto que proteja, no que prometa. La discusión del Presupuesto de Egresos de 2027 ofrece una oportunidad para cambiar prioridades. Mi propuesta es concentrar recursos y vigilancia en medicamentos efectivamente entregados, personal suficiente, mantenimiento hospitalario y prevención de infecciones; además, establecer una protección financiera estable para enfermedades de alto costo y publicar resultados verificables por unidad médica.

Debemos exigir indicadores que cualquier paciente pueda reconocer: recetas surtidas completas, tiempos de espera, tratamientos sin interrupciones y menores desembolsos familiares. Contar consultas o anunciar compras no sustituye la demostración de atención efectiva.

Dinamarca fue una promesa política. La cuenta que pagan las familias mexicanas es un resultado medible. Mientras el gasto de bolsillo y el riesgo financiero sigan creciendo, la transformación sanitaria tendrá una deuda con quienes debía proteger.

Referencias

[1] Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025, 13 de agosto). Pobreza multidimensional (Comunicado de prensa núm. 118/25).

[2] México Evalúa. (2025, 31 de julio). Gastos catastróficos en salud se disparan 64.5% en 2024 frente a 2018: México Evalúa [Comunicado de prensa].

[3] México Evalúa. (2025). Cambios en la atención pública de la salud en México (2018–2024): Evidencia desde la ENIGH y perspectivas comparadas.

*Éctor Jaime Ramírez Barba (www.ectorjaime.mx) es médico especialista en cirugía general, certificado en salud pública, con doctorado en ciencias de la salud y en administración pública. Es legislador y defensor de la salud pública de México, diputado reelecto del grupo parlamentario del PAN en la LXVI Legislatura y presidente del Capítulo de América Latina y el Caribe de la UNITE Parliamentarians Network for Global Health.