Paramount-Warner: ¿remedios para qué daño?

La semana previa y durante unas horas, la venta de CNN pareció incorporarse a la negociación para destrabar la compra de Warner Bros. Discovery por Paramount Skydance. La declaración fue que “todo estaba sobre la mesa”. Al día siguiente, una fuente cercana a la empresa aseguró que CNN no estaba en venta. También surgió la idea de que Paramount consideraría abandonar California, cuyo fiscal general, Rob Bonta, encabeza la demanda que mantiene en suspenso la operación.

La fugacidad de los anuncios no les resta interés. Alrededor de una misma concentración se habla de vender un canal de noticias, preservar la independencia editorial, romper una alianza de distribución cinematográfica, mantener la producción de películas e incluso mudar las operaciones de un estado. Parecen remedios para minimizar los riesgos que representa la concentración, pero no responden necesariamente al mismo daño.

Una operación, varios diagnósticos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos cerró en junio su investigación. Concluyó que la operación no dañaría la competencia en streaming, televisión lineal ni desarrollo, producción o distribución de películas para salas. En su lectura, la empresa combinada podría ejercer mayor presión competitiva frente a plataformas y estudios de mayor tamaño.

Un mes y un día después, los fiscales generales de doce estados demandaron para impedir la concentración con base en la misma legislación federal. Alegan que Paramount y Warner son dos de los cinco principales distribuidores cinematográficos y propietarios de canales de televisión por cable. Definieron mercados para la distribución de películas de estreno amplio, las películas que se prevé tendrán mayor recaudación y el licenciamiento de canales básicos. En ellos, la empresa combinada alcanzaría participaciones cercanas o superiores a 30 por ciento.

No se trata de doce análisis limitados a mercados estatales. Los fiscales participaron en la investigación federal y ahora litigan conjuntamente ante un tribunal federal por daños que, según su demanda, alcanzarían a exhibidores, distribuidores y audiencias de todo el país. El desacuerdo tampoco puede reducirse a una definición amplia frente a otra estrecha: el Departamento de Justicia afirmó haber examinado incluso categorías como las superproducciones. Las dos partes difieren también en el peso que atribuyen a las participaciones históricas, la entrada de nuevos estudios, la evolución tecnológica y los incentivos posteriores a la concentración.

Fuera de Estados Unidos tampoco existe una respuesta única. Brasil autorizó la operación sin condiciones. La Comisión Europea la autorizó después de exigir que Paramount abandone su participación en United International Pictures, la empresa conjunta mediante la cual distribuye películas con Universal en varios países europeos, y que durante diez años no celebre nuevos acuerdos de distribución conjunta con esa empresa. El remedio europeo se concentra, por tanto, en preservar independencia en la distribución cinematográfica.

El Reino Unido ofrece una distinción todavía más ilustrativa. La autoridad de competencia concluyó que la operación no produciría una disminución sustancial de la competencia en distribución de películas, canales infantiles o streaming. Por separado, el ministerio británico responsable de cultura consideró los riesgos para la pluralidad de medios, la programación infantil y la independencia editorial. Paramount asumió compromisos para mantener separadas las líneas editoriales de Channel 5 News, CBS News y CNN International, así como la identidad de ciertos canales y la producción británica. No fue un desacuerdo entre autoridades: fueron dos evaluaciones con objetivos y facultades diferentes.

Objetivos, economía e instituciones

Giorgio Monti —académico especializado en derecho de la competencia y regulación económica— propone entender las decisiones de competencia como el resultado de la interacción de tres componentes: una elección política sobre los objetivos de la política de competencia; una teoría económica acerca del funcionamiento de los mercados, sus fallas y la manera de remediarlas; y la institución encargada de aplicar las reglas.

El caso Paramount-Warner permite observar las tres dimensiones. Primero, no todas las intervenciones protegen exactamente lo mismo. Pueden buscar bienestar del consumidor, preservar la rivalidad entre estudios, proteger la pluralidad informativa o mantener capacidades nacionales de producción. Incluso un interés por los trabajadores puede significar cosas distintas: investigar poder de compra en un mercado laboral es un problema de competencia; conservar empleos en determinado territorio es un objetivo de política industrial.

Segundo, la economía no entrega una respuesta antes de formular la pregunta. El resultado depende de si se examina el ecosistema audiovisual, el streaming, la distribución cinematográfica, los grandes estrenos o el licenciamiento de canales. También depende de cómo se valoran la entrada, la innovación, las participaciones de mercado y la posibilidad de que la empresa fusionada reduzca producción o incremente su poder de negociación.

Tercero, importa quién decide. No ocupan la misma posición una división federal que elige si demanda, fiscales estatales que ejercen concurrentemente la legislación antimonopolio, un juez que resuelve una medida cautelar, una comisión supranacional o una autoridad política facultada expresamente para proteger la pluralidad. La arquitectura institucional influye en los asuntos que llegan a cada instancia, la prueba exigida y los remedios disponibles.

Esto no significa que unas decisiones sean económicas y otras meramente políticas. Toda aplicación requiere decidir previamente qué daño cuenta y qué riesgo de error resulta tolerable. Pero tampoco significa que cualquier objetivo público deba introducirse en la política de competencia. Massimo Motta —economista especializado en organización industrial y política de competencia— advierte que, cuando se persiguen objetivos distintos del bienestar económico, debe preguntarse si existen instrumentos que los alcancen con menores distorsiones. El esquema británico hace visible esa separación: la autoridad de competencia analiza competencia y el gobierno —a través del ministerio responsable de cultura—, mediante facultades específicas, atiende pluralidad e independencia editorial.

La prueba del remedio

Los remedios permiten reconstruir el problema que cada institución pretende resolver. La salida de Paramount de su alianza con Universal responde a un riesgo en la distribución de películas. Los compromisos británicos sobre Channel 5 y CNN International atienden pluralidad e independencia editorial. Una eventual venta de CNN podría reducir la concentración en el licenciamiento de canales si crea un competidor independiente y viable; también podría buscar apaciguar preocupaciones políticas sobre el control de las noticias. No corregiría, por sí sola, la desaparición de un rival en la distribución cinematográfica.

La amenaza de abandonar California es todavía más distinta. No modifica la estructura de la operación ni la competencia en los mercados de alcance nacional identificados en la demanda. Modifica el costo político y económico que enfrentaría el estado si insiste en litigar a través de su fiscal. Es un instrumento de presión para negociar, no un remedio antimonopolio.

En México, la Comisión Nacional Antimonopolio también analizó la operación. Cuando su resolución se haga pública, podremos observar qué mercados delimitó, qué riesgos consideró relevantes y, en último término, cuáles son los focos de la nueva autoridad mexicana.

Las decisiones divergentes no prueban necesariamente que unas instituciones aplicaron la economía y otras cedieron a la política. Pueden reflejar diferencias reales entre mercados, pero también distintas elecciones sobre los objetivos, las teorías de daño y la instancia encargada de intervenir. Precisamente por eso, una concesión no debe juzgarse por su tamaño ni por su costo para las empresas, sino por su relación con el mecanismo de afectación que se pretende corregir. Antes de celebrar la venta de un activo, una promesa editorial o la conservación de empleos, conviene preguntar: ¿remedio para qué daño?

*/ Profesor universitario (UNAM) y economista (UNAM y CIDE). Especialista en análisis económico aplicado a litigios, competencia y regulación. @pacocastillo