La paradoja del empleo; más plazas, menos calidad

Siempre será un alivio saber que el empleo formal repuntó en agosto con 672,313 plazas y que la ocupación informal disminuyó. Cuando se traduce en la realidad de familias que pueden recibir un ingreso y, en algunos casos, servicios médicos, hay algo que festejar. Sobre todo, porque fueron tres meses consecutivos de contracciones que acompañaron a una economía muy cercana al estancamiento y con una tasa de informalidad laboral que había escalado hasta 56 por ciento.

Sin embargo, la lectura econométrica de la calidad del empleo en México revela un deterioro de fondo en las plazas laborales. El rebote formal de agosto esconde paradojas profundas: aunque la formalidad sumó puestos subordinados, la ocupación total se redujo en 61,784 personas y, más en el fondo de la estructura productiva, lo que se ve es la destrucción de 267,205 puestos por cuenta propia y la pérdida de 197,783 empleadores. Estos números no son otra cosa que la evidencia de que las pequeñas y medianas empresas enfrentan severas dificultades para mantener sus operaciones a flote dentro de la legalidad.

En cuanto a la calidad de la formalidad ganada, el Inegi reporta un incremento en la subocupación, que incorporó a 218,565 personas en agosto pasado. Esto significa que el equivalente a 32% del incremento en el empleo formal se dio en condiciones de subempleo: trabajadores que, aun teniendo un puesto registrado, requieren y ofrecen más horas de trabajo porque el ingreso percibido les resulta insuficiente. Con ello, la tasa de subocupación subió a 7.0%, mientras que la engañosa tasa de desocupación –esa que alevosamente usan en el gobierno para compararse con Japón– subió a 3.0%, el nivel más alto en dos años.

Este régimen ha colocado a nivel de herejía el cuestionar la viabilidad económica de elevar los salarios mínimos de forma tan acelerada, o mejor dicho, de presionar a los agentes privados a elevar este pago básico; sin embargo, subir el piso salarial sin vincularlo con la productividad laboral genera efectos colaterales devastadores, más allá del evidente incremento de la carga fiscal y de cuotas patronales para las empresas de menor tamaño.

Para las mipymes de baja productividad, este choque de costos pega directamente en sus márgenes operativos y, ante la imposibilidad de trasladar los costos a los precios, el dilema implica decidir entre ajustar jornadas, recortar plazas laborales o refugiarse en la informalidad. Subir salarios por decreto no viene acompañado de estímulos para la formalización, lo que transforma los costos regulatorios en un desincentivo para la contratación legal.

Las consecuencias de este modelo son insostenibles: obliga a la población a multiplicar jornadas de trabajo sin tener acceso a una verdadera red de seguridad social, lo que implica un deterioro en su calidad de vida. Y en el ámbito fiscal, la erosión de empleadores y la volatilidad del empleo formal debilitan la recaudación de impuestos directos (como el ISR), mientras que el Estado se sobrecarga con el financiamiento de programas asistencialistas y de pensiones no contributivas.

Los datos de agosto no contradicen las alertas sobre el mercado laboral; de hecho, las reafirman en algo mucho más complejo que la falta de empleo en México: lo que queda al descubierto es una precarización estructural donde ni siquiera el empleo formal logra garantizar certidumbre para los trabajadores.

Subir el piso salarial sin vincularlo con la productividad laboral genera efectos colaterales devastadores, más allá del evidente incremento de la carga fiscal y de cuotas patronales para las empresas de menor tamaño.