Certidumbre jurídica en vilo

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que anteriormente se caracterizaba por la deliberación técnica y sobriedad, se ha transformado en una plaza pública dominada por la estridencia, los choques frontales y la pretensión de imponer criterios por la vía de la confrontación política, encarnados paradigmáticamente por la ministra Lenia Batres.

Antes de que fuera adoptado el método de la elección popular de los togados del máximo tribunal de justicia del país, las sesiones del Pleno y de las Salas se concebían como espacios de discusión jurídica formal. El disenso entre ministros se expresaba habitualmente mediante votos particulares o concurrentes de carácter estrictamente técnico-jurídico, donde se debatía el alcance de los derechos humanos, la división de poderes o la supremacía constitucional.

No sólo analistas parlamentarios y jurídicos, sino también amplios sectores de la opinión pública, han sido testigos recurrentes de sesiones donde la argumentación jurídica cede su lugar al reclamo faccioso. Cada vez que la mayoría de los ministros frena un proyecto o invalida una norma -de Batres- por contravenir la Carta Magna, la reacción de la ministra Lenia, quien se autodenomina como “la ministra del pueblo”, no suele ser la réplica sustentada en precedentes o tesis jurisprudenciales, sino la descalificación personal, la etiqueta política y la escenificación del agravio.

Las discusiones se han degradado a confrontaciones públicas donde el tono desafiante y la negativa sistemática a construir acuerdos revelan una concepción peligrosa. Para “la ministra del pueblo”, la ley no se interpreta; se impone por decreto moral.

El fenómeno que hoy atestiguamos al interior del Pleno de la SCJN no es un accidente de la personalidad ni una simple anécdota de pasillo, sino es el resultado directo, calculado y estructural de la reforma al Poder Judicial impulsada e implementada desde el núcleo del bloque gobernante de la 4T.

Al arrancar de raíz el modelo tradicional de carrera judicial y sustituirlo por la legitimación en las urnas, como afirman los especialistas, el régimen no solo rediseñó el método de selección de los jueces constitucionales, sino que alteró radicalmente la naturaleza misma del disenso jurídico, transformando al máximo tribunal en un escaparate de intereses políticos y partidistas.

Para entender los “agarrones” en la Corte, hay que analizar el dogma fundacional que impulsó la 4T, de que todo poder público legítimo debe emanar del sufragio directo y que los jueces y ministros del “antiguo régimen” representaban a una élite dorada, conservadora y alejada del pueblo. Bajo esta narrativa, el oficialismo diseñó una ruta electoral inédita para renovar el aparato de justicia.

Sin embargo, al someter las magistraturas a un proceso de votación popular, donde los perfiles debían competir en las boletas bajo el cobijo, la simpatía o la venia de las estructuras políticas dominantes, se fracturó el principio técnico de la independencia judicial.

Una ministra o un juez que llega al cargo impulsado por una ola partidista o bajo el padrinazgo ideológico de un movimiento político no se percibe a sí mismo como un árbitro neutral e imparcial entre poderes, sino como un militante de la causa dentro del tribunal. De ahí que la deliberación jurídica deje de ser un ejercicio aséptico de interpretación constitucional para convertirse en una extensión de la disputa ideológica librada en las tribunas y en las plazas públicas.

En la arquitectura constitucional clásica, el Pleno de la Suprema Corte opera bajo la lógica de la contención recíproca y el respeto a la colegialidad. Los debates están diseñados para pulir criterios jurisprudenciales mediante el contraste de argumentos técnicos, donde la retórica estridente suele ser señal de debilidad jurídica.

La irrupción de perfiles que abrevan directamente de la agitación política, como es el caso de Lenia Batres, con una trayectoria arraigada en la estructura operativa y legislativa de la izquierda partidista, ha trastocado esta dinámica por completo.

Y es que cuando un integrante del tribunal asume su función bajo la convicción de que su mandato es “representar al pueblo” frente a sus propios pares, las diferencias técnicas con el resto de los ministros ya no se procesan mediante el derecho, sino mediante la descalificación política.

De ahí que los recurrentes desencuentros y desplantes en el Pleno respondan a una estrategia deliberada, que es la de judicializar la política y politizar la justicia. Al carecer de los consensos tradicionales que otorga la carrera judicial de mérito, la confrontación estridente se vuelve el mecanismo para marcar territorio, consolidar liderazgo ante las bases partidistas y presionar mediáticamente a la mayoría del máximo tribunal.

Exministros -como José Ramón Cossío- han advertido que el objetivo último de la 4T al rediseñar el Poder Judicial en las urnas era suprimir los contrapesos institucionales que durante el sexenio pasado frenaron emblemáticas reformas estructurales y leyes secundarias del Ejecutivo y el Congreso. La actual integración de la SCJN, surgida de las urnas extraordinarias, refleja con precisión quirúrgica ese propósito.

La tensión constante entre los ministros no es más que el síntoma inocultable de un choque tectónico, ya que, por un lado, están los integrantes que buscan preservar los últimos reductos de autonomía técnica y dogmática constitucional; y del otro, se encuentran aquellos que entienden su encomienda como una misión de transformación ideológica para alinear las sentencias del máximo tribunal a los intereses de la agenda oficial.

De ahí que, en este nuevo ecosistema, los “berrinches” y los choques verbales no son disfunciones del sistema, sino su expresión natural. Cuando se politiza la justicia desde su origen electoral, la toga se convierte en un disfraz transitorio y la Suprema Corte corre el riesgo perpetuo de degradarse en una oficialía de partes donde los fallos no se dictan con base en la Constitución, sino al ritmo de la correlación de fuerzas políticas del momento.

Lo que ocurre en la SCJN no es menor, si se tome en consideración que, en la economía globalizada del siglo XXI, el capital nacional y extranjero no se mueve al ritmo de los discursos oficiales de optimismo, sino bajo una variable no negociable, que es, la certidumbre jurídica.

La “realpolitik” económica es implacable, pues si bien se pueden construir carreteras, ofrecer incentivos fiscales y celebrar foros de promoción industrial, pero si un inversionista no tiene la absoluta certeza de que sus contratos serán defendidos por un juez imparcial -ajeno a los vaivenes de la política electoral-, el dinero simplemente no fluye al ritmo que el país necesita. La elección de jueces por voto popular, lejos de democratizar la justicia económica, ha instalado un manto de opacidad y riesgo político que amenaza con “enfriar” el potencial de desarrollo de México en el tablero global.