La operación acordeón no será suficiente

El domingo pasado finalmente se consumó el primer impacto de la reforma judicial que se aprobó en septiembre del año pasado. Se sometieron a votación 464 cargos de magistrados de circuito y 386 de jueces de distrito, además de los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los cargos de competencia electoral y las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial.

El oficialismo estaba visiblemente preocupado por aparentar una alta afluencia de votantes, como si intentara legitimar la reforma judicial, aunque para algunos de nosotros la imposición autoritaria de la reforma y la clara intención de concentrar el poder fueron notorios desde que se concibió el “Plan C”. ¿Para qué fingir que el pueblo quiere elegir a sus jueces, si se valieron sin pudor alguno de los recursos más bajos para coaccionar a los legisladores y ministros que faltaban para aprobar y validar la reforma?

Independientemente de los resultados de la elección, lo cierto es que a Morena le espera un enorme reto, tanto logístico como político, para que la reforma judicial sea funcional, incluso para sus propios intereses. Si la organización de los comicios de la semana pasada claramente se salió de sus manos, incluso con la operación acordeón, imaginemos lo difícil que será para la 4T coordinar a los 850 magistrados de circuito y juzgadores de distrito que resulten elegidos, y que tomarán sus cargos el próximo 1 de septiembre de manera simultánea.

El Poder Judicial de la Federación no funciona como los demás poderes del Estado. Alinear los intereses de una bancada legislativa, por ejemplo, es bastante sencillo, por lo menos desde el punto de vista logístico. Basta con enviarle un mensaje por Whatsapp a la bancada de un partido, para que todos voten en el mismo sentido un proyecto de iniciativa que ninguno ha leído.

En cuanto al Poder Ejecutivo, éste se encuentra estructurado en una pirámide de subordinación y mando jerárquico descendente. Las instrucciones vienen desde su titular, y se permean a los subalternos quienes simplemente las ejecutan. Así, la Presidenta puede coordinar una reunión con sus Secretarios de Estado e instruirlos para atender un asunto de cierta manera. Los Secretarios a su vez encargarán las tareas específicas a sus subordinados y el control se mantiene sin mayor esfuerzo.

El Poder Judicial, en cambio, funciona con otra dinámica. Es cierto que los jueces también se encuentran organizados en una pirámide jerárquica, pero las instrucciones concretas no se pueden originar desde la cúpula y replicarse categóricamente por todos los subordinados. Los procesos judiciales son únicos y cada caso contiene antecedentes, argumentos y pruebas distintas. Las demandas generalmente llegan a la pirámide judicial desde su base, y no desde la cima, y poco a poco van escalando las instancias judiciales, mientras sus antecedentes procesales se construyen de forma única para cada expediente. Por estas razones, incluso cuando existe un sistema de precedentes judiciales que obliga a los jueces de menor rango a apegarse a ciertos criterios de interpretación legal, la jurisprudencia no puede originarse a capricho por la cúpula del Poder Judicial, y tampoco puede replicarse de forma categórica en todos los casos relacionados o similares.

Los jueces tienen que analizar caso por caso, evaluar lo que demandó cada una de las partes, valorar cada una de las pruebas ofrecidas, y emitir sentencias que atiendan exhaustivamente todo lo que las partes plantearon. Este proceso requiere de cierta capacidad, pero sobre todo, de la inversión de tiempo y trabajo. Morena no tiene mucha habilidad para manejar ninguno de estos recursos, por lo que el control de los nuevos jueces no parece un reto sencillo en el corto plazo. El partido tendrá que pensar en mejores estrategias que una operación acordeón para alinear la impartición de justicia por los nuevos juzgadores electos.