Obesidad: medir en medio del ruido

La palabra obesidad inunda textos médicos, periodísticos y conversaciones cotidianas, pero rara vez nos detenemos a pensar en el significado que adquiere en cada contexto. Aunque siempre han existido personas corpulentas, el tamaño del cuerpo ha significado fuerza, abundancia, belleza, exceso o enfermedad según la época y la sociedad. Lo relativamente nuevo no es la existencia de cuerpos grandes, sino su medición sistemática, la comparación entre poblaciones y la conversión de esas medidas en categorías.

En el siglo XIX, Adolphe Quetelet utilizó el peso y la estatura para describir poblaciones, él buscaba regularidades estadísticas. Décadas después, las aseguradoras descubrieron que esas medidas podían relacionarse con la mortalidad y las utilizaron para estimar el riesgo esperado de una persona a partir de la experiencia de un grupo. Ya entrado el siglo XX, la práctica médica incorporó esas clasificaciones para evaluar pacientes y decidir cómo intervenir en cada uno de ellos. Más tarde, la salud pública llegó esa forma de medir el cuerpo. Empezó a contar personas en cada categoría, comparar poblaciones, seguir tendencias y estimar cuánto daño puede atribuirse al IMC elevado en una población.

En los adultos utilizamos un índice de masa corporal (IMC) de 25 como punto de corte para hablar de sobrepeso y de 30 para obesidad. Son convenciones internacionales útiles para clasificar, pero también son fronteras estadísticas. La biología no cambia repentinamente cuando alguien pasa de 29.9 a 30. Las categorías permiten ordenar la realidad, pero no registran la realidad completa de la persona.

El pasado 11 de septiembre se publicó en línea en The Lancet Regional Health – Americas un estudio encabezado por Alejandra Arrieta, boliviana, y Christian Razo, mexicana, con la participación de investigadores de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y México. Utilizando las estimaciones del Estudio de la Carga Global de Enfermedad 2023, el grupo analizó el sobrepeso, la obesidad y la carga atribuible al índice de masa corporal elevado en 17 países latinoamericanos entre 1990 y 2023.

El estudio distingue tres operaciones que con frecuencia se mezclan en la conversación pública. Una es clasificar: cuántas personas tienen peso normal, sobrepeso u obesidad. Otra es estimar el riesgo conforme cambia la exposición. Y una tercera es calcular cuánto de la enfermedad, discapacidad o mortalidad de una población puede atribuirse al IMC elevado. En los adultos, GBD utiliza el IMC como una exposición continua para calcular el daño que se le puede atribuir. Por eso no es exactamente lo mismo hablar de “muertes por obesidad” que de muertes atribuibles al IMC elevado.

¿Para qué sirve un estudio de este tipo?

Al aplicar un mismo marco de medición a distintos países en más de tres décadas. Observa a cada uno a través del tiempo y frente a sus pares; distingue magnitud, tendencia, edad, generación, exposición y daño; reconoce avances, retrocesos y trayectorias diferentes, y señala dónde conviene mirar con mayor atención. No elimina la incertidumbre: la hace explícita. Y eso es particularmente valioso en un tema donde abundan explicaciones simples y soluciones definitivas.

Las cifras, aun leídas con cautela, muestran un fenómeno de mucha importancia. En 2023 se estima que en los países estudiados 17 millones de niñas y niños de 5 a 14 años vivían con sobrepeso u obesidad; 38 millones entre los 15 y 24 años, y 274 millones entre los adultos de 25 años y más. Esto equivale aproximadamente a 18%, 40% y 72% de esos grupos de edad. En conjunto son 329 millones de personas, cerca de la mitad de los habitantes de la región.

Pero quizá el hallazgo más interesante no esté en la fotografía de 2023 sino en la tendencia. Entre las personas de 15 a 24 años la prevalencia de obesidad aumentó más de tres veces entre 1990 y 2023, y las cohortes más jóvenes alcanzan prevalencias elevadas a edades más tempranas. No es una profecía individual, sino una señal poblacional: esas cohortes seguirán envejeciendo con una historia de exposición que comenzó antes. Por eso conviene pensar simultáneamente en la carga que ya existe y en las trayectorias que están comenzando.

En 2023 se estimaron 15.8 millones de años de vida saludable perdidos y 424 mil muertes atribuibles al IMC elevado en América Latina. Diabetes, cardiopatía isquémica y enfermedad renal crónica concentraron buena parte de esa pérdida. La mayor carga ocurre todavía en la edad adulta y alcanza su máximo alrededor de los 60 a 64 años.

Aquí aparece una tensión en la asignación de recursos. La mayor carga se concentra hoy en adultos, pero las cohortes jóvenes llegan a prevalencias elevadas a edades más tempranas que sus antecesores. Los sistemas de salud y las políticas públicas tienen que responder a ambos: atender a quienes ya viven con las consecuencias y, al mismo tiempo, intervenir antes para modificar las trayectorias de las nuevas generaciones. La dificultad no está en decidir cuál generación importa más, sino en cómo distribuir recursos finitos entre necesidades presentes y futuras.

Las diferencias entre países ofrecen otra enseñanza. México y Chile presentan prevalencias muy elevadas de sobrepeso y obesidad, y encabeza la lista de las prevalencias más altas en la región en los tres grupos de edad, pero una exposición semejante no necesariamente produce el mismo daño. Para diabetes, por ejemplo, la tasa estandarizada por edad de años de vida saludable perdidos atribuibles al IMC elevado fue de 1,789 por 100 mil habitantes en México y 264 en Chile.

El estudio no explica esa diferencia, pero justamente por eso abre preguntas más útiles que establecer quién ocupa el primer lugar. ¿Qué parte de la carga depende de la epidemiología de la diabetes? ¿Qué tanto corresponde a detección, tratamiento, control metabólico, enfermedad renal, acceso oportuno a servicios o mortalidad? Medir la exposición no basta para comprender el desenlace. Entre una y otro hay sistemas de salud, condiciones sociales y trayectorias biológicas.

También está la desigualdad. Sería impreciso afirmar que la obesidad es una enfermedad de la pobreza. Esa relación cambia entre países, edades, sexos y etapas de la transición nutricional. Pero la desigualdad sí distribuye los márgenes disponibles para protegerse y tratarse. Las personas tienen capacidad de decidir, pero esa capacidad no es idéntica cuando cambian el precio de los alimentos, el tiempo disponible, las jornadas laborales, el transporte, la seguridad del barrio, la publicidad o el acceso a atención.

A ello se agrega la doble carga de malnutrición. En algunos países y territorios latinoamericanos conviven todavía desnutrición, sobrepeso y obesidad. No son dos extremos de una misma enfermedad, pero pueden ser expresiones simultáneas de sociedades que no logran garantizar una nutrición adecuada. Tener suficientes calorías no significa necesariamente estar bien nutrido. Los sistemas de salud deben enfrentar al mismo tiempo las consecuencias de la desnutrición materna e infantil y las enfermedades asociadas con un IMC elevado.

¿Qué nos dicen estos resultados para las políticas?

Primero, que el consultorio importa. Puede identificar riesgos, tratar obesidad, controlar diabetes e hipertensión, prevenir enfermedad renal, reducir riesgo cardiovascular y utilizar medicamentos cuando están indicados. Pero también tiene limitaciones. No decide el precio de los alimentos, la publicidad, la oferta alrededor de las escuelas, el diseño de las ciudades, el transporte o la duración de las jornadas laborales. Pedirle a la clínica que resuelva por sí sola la obesidad sería pedirle que actúe sobre condiciones que se producen fuera de ella.

América Latina ha experimentado con etiquetado frontal, impuestos a bebidas azucaradas, restricciones de publicidad, regulación de alimentos en escuelas y reformulación de productos. Chile es uno de los ejemplos más desarrollados. Existe evidencia de cambios en compras y composición de alimentos después de algunas de estas políticas en Chile, México y Perú. El artículo subraya, sin embargo, que esas políticas adquieren mayor sentido cuando forman parte de paquetes que incluyen regulación comercial, alimentación escolar y entornos urbanos que faciliten el movimiento cotidiano.

Los nuevos medicamentos contra la obesidad añaden otra pieza. Representan un avance clínico importante y pueden modificar la trayectoria de algunas personas. Pero poder tratar mejor no significa que hayan desaparecido las condiciones que producen nuevos casos. Tampoco desaparece la pregunta por quién puede acceder al tratamiento, pagarlo y sostenerlo durante años.

Aquí regreso a una idea que he utilizado antes: la obesidad es una trama. No porque simplemente tenga muchas causas, sino porque condiciones biológicas, sociales y ambientales interactúan. En un tejido, los hilos importan, pero importa más cómo se anudan. Por eso tampoco basta con acumular intervenciones fragmentadas. Cada una puede actuar sobre una parte distinta del problema y producir efectos valiosos. Lo que ninguna puede hacer por sí sola es sustituir al conjunto.

Frente a una infodemia que convierte cada cifra en alarma y cada intervención en solución definitiva, estudios como este ayudan a recuperar proporciones y relaciones. Pero medir mejor no vuelve sencillo un problema complejo. Si aceptamos que la obesidad es una trama, una colección de respuestas aisladas difícilmente podrá modificarla.

Referencia para profundizar en el texto

Arrieta A, Razo C, Cogen R, et al. Prevalence of overweight and obesity and the burden of high body-mass index in Latin America: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2023 The Lancet Regional Health – Americas, 2026; 63, 101623. https://www.thelancet.com/journals/lanam/article/PIIS2667-193X%2826%2900253-X/fulltext

*El autor es investigador Emérito del SNII. Profesor Emérito del Instituto para la Medición y Evaluación de la Salud. Universidad de Washington. [email protected]; @DrRafaelLozano