Justicia sin ley

La reforma judicial que sepultó la estructura jurídica construida durante la transición democrática a partir de 1994 ha creado un vacío legal difícil de superar. La elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte desapareció el débil andamiaje sobre el que se basaba la justicia mexicana. Como consecuencia de ello empresas e individuos han tenido que optar por alternativas paralelas para poder dirimir conflictos.

El grado de ignorancia de una gran cantidad de impartidores de justicia y su absoluta supeditación a políticos de todos los niveles dentro de la estructura de poder de la 4T, han provocado la necesidad de establecer acuerdos privados entre particulares a la hora de firmar contratos o crear asociaciones civiles de diferente tipo, debido a la inexistencia de instancias jurídicas profesionales capaces de juzgar sobre disputas entre firmantes de un acuerdo o contrato.

Se trata de algo similar a un mercado paralelo de impartición de justicia entre particulares, limitado por supuesto a la esfera civil, pero significativo en términos de la desconfianza absoluta de la sociedad con respecto a posibles resoluciones de autoridades competentes. Y si esto lo hacemos extensivo al ámbito penal o el de conflictos entre gobierno y empresas nacionales o extranjeras, el resultado no puede ser más negativo.

En su afán por controlarlo todo y evitar resoluciones judiciales contrarias al proceder del gobierno en todos sus niveles, el régimen autoritario construido a partir de 2018 hizo pedazos el sistema jurídico mexicano y con ello anuló cualquier posibilidad de nuevas inversiones bajo el argumento válido de la no existencia de garantías legales indispensables para pensar en México a mediano y largo plazo.

Es cierto que la reinversión de utilidades de las empresas es un dato positivo, pero esto es producto de la necesidad de seguir operando, y la imposibilidad de deshacerse de aquello que no puede convertirse en recurso líquido de la noche a la mañana. Sin embargo, parecería que nos encontramos en un callejón sin salida, en virtud de la imposibilidad de dar marcha atrás en el afianzamiento de este nuevo sistema de justicia basado en órdenes recibidas desde el Ejecutivo y sus operadores, aunado a un nuevo equipo de juzgadores cuyo denominador común es la ignorancia y por supuesto la oportunidad de enriquecerse a través de su posición privilegiada.

Pero así no habrá crecimiento, sin el cual es imposible generar los empleos indispensables para reducir efectivamente la pobreza más allá de regalar dinero indiscriminadamente. El argumento que contrapone crecimiento con deterioro ecológico es un concepto demagógico que no considera precisamente el avance tecnológico capaz de garantizar un crecimiento sustentable y compatible con la reparación de un medio ambiente dañado por el mantenimiento de sistemas obsoletos de producción principalmente en el sector energético.

Pero sin Estado de Derecho no hay salida posible.