Los jueces invisibles. La privatización de lo decible

Seguro recordará, querido lector que, en el año 2020, tras los acontecimientos del Capitolio en Washington, las principales plataformas de redes sociales tomaron una decisión sin precedentes: suspender de manera indefinida las cuentas del entonces presidente en funciones de los Estados Unidos. Más allá de las pasiones partidistas, el evento marcó un punto de inflexión en la historia de la democracia moderna. Por primera vez, un grupo de directivos de empresas privadas en Silicon Valley ejerció el poder fáctico de desconectar al líder de una potencia mundial de la plaza pública digital. Si las corporaciones tecnológicas pueden silenciar a un jefe de Estado, ¿qué garantías nos quedan a los ciudadanos comunes?

Todo parece indicar que el verdadero peligro para la libertad de expresión contemporánea ya no proviene únicamente de la censura estatal clásica, es decir de aquella ejecutada mediante leyes o decretos, sino de la privatización de lo que puede decir a través de la moderación algorítmica de contenidos. Hemos trasladado el debate público a un ecosistema controlado por un puñado de plataformas cuyo modelo de negocio depende de la captura de nuestra atención.

Históricamente, la libertad de expresión se concibió como un escudo del ciudadano frente al poder omnipotente del Estado. Las constituciones y los tratados internacionales de derechos humanos erigieron un principio cardinal: las restricciones a la palabra deben ser excepcionales, estar previstas en la ley y ser dictadas por jueces independientes mediante un debido proceso. Sin embargo, en el entorno digital, ese paradigma garantista ha colapsado. Hoy, las reglas de la conversación global no las redactan los parlamentos ni las interpretan los tribunales constitucionales, sino que se consignan en los opacos "términos de servicio" de corporaciones trasnacionales.

Estas plataformas, para gestionar miles de millones de publicaciones diarias, han delegado la moderación en sistemas de inteligencia artificial. El resultado es un modelo de censura preventivo, automatizado e invisible. Un algoritmo carece de la capacidad sociológica para interpretar la ironía, el contexto político, la sátira o el valor periodístico de una imagen; solo reconoce patrones preprogramados para minimizar el riesgo comercial de la empresa. Bajo la consigna de combatir la "desinformación" o el "discurso de odio", presenciamos la cancelación arbitraria de cuentas de periodistas, activistas y disidentes en todo el mundo, sin juicio previo ni posibilidad real de impugnación o apelación del acto.

En ese tenor, vale la pena referir que el filósofo alemán Jürgen Habermas señalaba en su teoría de la acción comunicativa que la calidad de una democracia depende directamente de la salud de su esfera pública y de la posibilidad de deliberar en igualdad de condiciones por lo que cuando la estructura de la plaza pública se somete a la lógica del beneficio corporativo, la deliberación democrática se distorsiona. Los algoritmos no están diseñados para buscar la verdad ni para fomentar el pluralismo, sino para maximizar la permanencia del usuario en la pantalla. Asi lo refiere el constitucionalista estadounidense Cass Sunstein al analizar los riesgos de la era digital, señalando que la personalización extrema y el sesgo de confirmación crean "cámaras de eco" que polarizan a la sociedad y fragmentan el tejido democrático.

Como podemos observar nos encontramos atrapados en una trampa conceptual. Si permitimos que el gobierno intervenga directamente para controlar los contenidos en redes, abrimos la puerta al autoritarismo estatal. Pero si dejamos la conversación democrática al libre arbitrio algorítmico de Silicon Valley, abdicamos del principio básico de que los derechos fundamentales no se negocian en un contrato privado de adhesión.

La respuesta no radica en desmantelar la tecnología ni en reinstaurar la censura gubernamental, sino en exigir una verdadera constitucionalización del entorno digital. Las plataformas que operan como la infraestructura indispensable del debate público no pueden actuar como feudos privados. Deben estar sujetas a deberes de transparencia algorítmica, debido proceso y la posibilidad de una revisión humana e independiente cuando se restrinja la palabra de un usuario.

La libertad de expresión no es un privilegio de unos cuantos o que las plataformas tecnológicas nos conceden mientras le resulte rentable, tampoco es una función matemática programada en un servidor. La libertad de expresión es la condición de posibilidad de la libertad humana. Si permitimos que el algoritmo reemplace a la razón, no solo habremos cedido el control de nuestras palabras; habremos renunciado, en silencio, a la propia democracia.

*El autor es doctor en Derecho y actualmente vicerrector de la Universidad Panamericana del campus Ciudad de México. Autor, coautor y editor de 19 libros en materia de libertades informativas. Miembro del Sis­tema Nacional de Investigadores de México.