Entre el dogma y la dependencia energética

Condicionar la relación comercial a combatir el tráfico de fentanilo, extraditar a los políticos vinculados con el crimen organizado o frenar la migración ilegal, sí son exigencias alevosas del jugador más fuerte de la región. Pero que Estados Unidos pida a México una mayor integración energética es parte fundamental para lograr una verdadera integración regional.

Donald Trump tiene hoy el tema de los energéticos como su principal dolor de cabeza a dos semanas de las elecciones intermedias y usa este asunto como una incómoda condición: si México quiere un tránsito fluido en materia comercial, deberá comprometerse a comprar más gas a Estados Unidos y permitir una mayor apertura e inversión estadounidense en el sector energético nacional.

Es una exigencia cargada de sentido común, hasta que se mezclan los dogmas ideológicos del régimen mexicano y entonces se convierte en un escándalo. La respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, con la cantaleta habitual de la soberanía, fue que el marco constitucional no permite esa participación privada en las condiciones que plantea el republicano. Sin embargo, esta nueva diferencia bilateral trasciende el discurso ideológico y expone las contradicciones estructurales de la integración regional.

Hay que hacer memoria y recordar que durante la renegociación del TLCAN hacia el T-MEC, en tiempos de Peña Nieto, las delegaciones de los tres países diseñaron un ambicioso capítulo energético. El objetivo central era amarrar un candado internacional a la reforma del 2013, con lo que se garantizaba el libre flujo de capitales, la certidumbre jurídica a través de mecanismos arbitrales y la consolidación de un mercado norteamericano integrado y autosuficiente.

Aquel proyecto pretendía convertir la energía en el motor de la competitividad regional. Sin embargo, en el verano del 2018, la irrupción del equipo de transición encabezado por Andrés Manuel López Obrador echó abajo todo ese trabajo. El resultado fue el Capítulo 8 del T-MEC, que se limitó a reafirmar las letanías ideológicas del dominio inalienable del Estado mexicano sobre sus hidrocarburos.

Hoy, la presidenta Sheinbaum se declara jurídicamente impotente para atender la exigencia de apertura energética, pero fueron las contrarreformas de la autodenominada Cuarta Transformación las que nuevamente le pusieron a México una camisa de fuerza y un enorme lastre para el desarrollo del sector energético.

El fondo del problema es la paradoja de la soberanía. México enarbola el nacionalismo trasnochado que volvieron a incluir en la Constitución, cuando en los hechos se mantiene una severa dependencia estructural del gas natural producido en Texas. Cuando Donald Trump exige que México compre más gas estadounidense, el régimen respira tranquilo por tener tal oferta disponible.

Washington quiere que México consuma más energéticos estadounidenses porque en ello ve una forma de compensar el déficit comercial –que es una obsesión mal comprendida por Donald Trump–; pero en la integración energética ve algo que nuestro país debería entender en el contexto geopolítico actual –que esa es una obsesión mal comprendida de la actual extensión del lopezobradorismo–: una garantía de soberanía regional.

Sin energía barata, limpia y abundante no hay manera de relocalizar las cadenas productivas y si el gobierno mexicano insiste en cerrar la puerta al capital privado en nombre de la mal entendida soberanía, seguiremos donde ya estamos: en un cuello de botella para el desarrollo del país.

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