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Día Mundial para la Prevención del Suicidio: del discurso a la política pública

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OpiniónEl Economista

El 10 de septiembre de 2003 se celebró por primera vez, en Estocolmo, el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. La iniciativa fue impulsada por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP), juntamente con la Organización Mundial de la Salud (OMS), bajo una idea que entonces resultaba fundamental colocar en la discusión pública: el suicidio puede prevenirse.

Han pasado 23 años.

Lo que comenzó como una jornada internacional de sensibilización se ha convertido en un movimiento que cada año reúne a gobiernos, organizaciones sociales, universidades, investigadores, profesionales, familias y comunidades. En años recientes, el 10 de septiembre se ha conmemorado en más de 60 países mediante actividades educativas, comunitarias, académicas y públicas. La propia OMS ha reconocido que esta jornada contribuyó a aumentar la conciencia sobre el problema y a disminuir el estigma.

El escenario internacional también ha cambiado. Hoy sabemos que más de 720 mil personas mueren por suicidio cada año y que 73% de estas muertes ocurren en países de ingresos bajos y medios. El suicidio es, además, la tercera causa de muerte entre las personas de 15 a 29 años a nivel mundial.

Por eso vale la pena preguntarnos qué hemos aprendido después de 23 años y, sobre todo, hacia dónde debería dirigirse ahora la prevención.

De “el suicidio puede prevenirse” a “cambiar la narrativa”

El lema internacional para el periodo 2024-2026 es Changing theNarrative on Suicide” —“Cambiar la narrativa sobre el suicidio”—. Este 2026 es el tercer y último año de ese ciclo. Su llamado es Start the Conversation: iniciar la conversación.

Durante décadas el suicidio estuvo rodeado de silencio. Todavía sobreviven mitos, como pensar que preguntar a una persona si tiene pensamientos suicidas puede provocarlos. Hablar de manera responsable, escuchar y facilitar la búsqueda de ayuda son parte de la prevención.

Pero la propuesta actual va más lejos. La OMS y la IASP hablan de cambio sistémico: colocar la prevención en las políticas públicas, mejorar el acceso a servicios, desarrollar estrategias basadas en evidencia y conseguir que gobiernos e instituciones asuman responsabilidades.

Éste me parece uno de los principales aprendizajes de estos 23 años: hablar es necesario, pero no es suficiente.

Una campaña puede combatir el estigma. Una conversación puede ayudar a una persona a expresar su sufrimiento. Pero ninguna de las dos sustituye servicios accesibles, profesionales capacitados, vigilancia, investigación, presupuesto, seguimiento y políticas sociales.

De la suicidología a una mirada más amplia

La prevención tampoco comenzó en 2003. Detrás del Día Mundial existe una larga construcción científica en torno al estudio del comportamiento suicida.

En ese proceso se desarrolló la suicidología, un campo especializado dedicado al estudio científico del suicidio, las conductas suicidas, sus factores asociados, su prevención, intervención y postvención. Su desarrollo ha permitido reunir conocimientos provenientes de diferentes disciplinas y comprender cada vez mejor la complejidad del fenómeno.

Esto es particularmente importante porque todavía existe la tendencia a reducir el suicidio a enfermedad mental.

La atención psiquiátrica y psicológica es indispensable. Pero el suicidio no ocurre separado de la sociedad. La OMS reconoce actualmente que intervienen factores sociales, culturales, biológicos, psicológicos y ambientales a lo largo de la vida.

Violencia, aislamiento, desigualdad, discriminación, condiciones económicas, pérdidas, trabajo, relaciones familiares, territorio y acceso a servicios también importan.

Por eso cambiar la narrativa significa también cambiar nuestra manera de comprender el problema.

¿Qué se ha hecho en otros países?

Veintitrés años de movilización internacional también han dejado experiencias que vale la pena observar.

Japón constituye una de ellas. Desde 2006 comenzó a desarrollar un marco nacional que permitió tratar el suicidio no solamente como un problema individual, sino como un asunto de salud pública y social.  Además, la investigación se vincula con políticas de salud, bienestar, educación y trabajo

Canadá puso en marcha en 2024 su primer Plan Nacional de Acción para la Prevención del Suicidio 2024-2027, incorporando vigilancia, investigación, evaluación, servicios y coordinación. El país dispone también del 9-8-8, una línea nacional de crisis disponible las 24 horas, los siete días de la semana.

Uruguay, por su parte, construyó una estrategia nacional 2021-2025 que reconoce expresamente el suicidio como un fenómeno multicausal, relacionado con factores políticos, económicos, ambientales, biológicos, psicológicos y socioculturales, y plantea que su prevención debe ser multisectorial.

Estos países tienen contextos diferentes y ninguno constituye un modelo perfecto. Lo interesante es: pasar de la sensibilización a la institucionalización de la prevención.

La OMS y la OPS: de las recomendaciones a la acción regional

La OMS ha desarrollado también el enfoque LIVE LIFE, que concentra parte de la evidencia internacional en cuatro grandes líneas: limitar el acceso a medios altamente letales; promover una comunicación responsable sobre el suicidio; fortalecer habilidades socioemocionales durante la adolescencia; e identificar, atender y dar seguimiento temprano a las personas que presentan conductas suicidas.

En las Américas está ocurriendo además algo importante.

En septiembre de 2025, la Organización Panamericana de la Salud puso en marcha la Iniciativa Regional para la Prevención del Suicidio. Su propósito es acelerar intervenciones basadas en evidencia, fortalecer los planes nacionales, mejorar la integración de la salud mental en la atención primaria, fortalecer los sistemas de vigilancia y promover cooperación entre países.

Los avances siguen siendo desiguales. Según el Mental Health Atlas 2024 de la OMS, solo 47% de los países cuenta con una estrategia, política o plan nacional de prevención del suicidio; en la región de las Américas la proporción alcanza 68%. La OMS recomienda avanzar hacia estrategias nacionales integrales, lideradas por los gobiernos y acompañadas de coordinación multisectorial, vigilancia, evaluación y financiamiento suficiente para su implementación.

Tener una estrategia es un avance; convertirla en una política con recursos, continuidad y resultados evaluables es el verdadero desafío.

¿Quién define qué significa prevenir?

Pero existe una pregunta menos visible que también deberíamos hacernos después de 23 años:

¿Quién tiene el poder para definir qué es el suicidio y, por lo tanto, qué significa prevenirlo?

No es una discusión solamente académica.

Quien consigue imponer una determinada definición del problema influye también sobre el modelo de política pública que se construye, los profesionales reconocidos como expertos, las intervenciones consideradas legítimas y los recursos que reciben.

Si el suicidio se define fundamentalmente como un problema psiquiátrico, las políticas tenderán a concentrarse en diagnóstico, tratamiento y atención especializada.

Si se reconoce también como un fenómeno de salud pública relacionado con determinantes sociales, entonces entran necesariamente otros actores: educación, trabajo, desarrollo social, justicia, comunidades, universidades, organizaciones civiles y diferentes campos científicos.

La psiquiatría y la psicología son fundamentales. El problema surge cuando se construye una hegemonía del conocimiento que convierte un fenómeno multidimensional en territorio casi exclusivo de determinados grupos profesionales.

Un fenómeno complejo exige interdisciplinariedad y también intersectorialidad.

Cambiar la narrativa significa entonces algo más profundo: democratizar la manera en que construimos el conocimiento y las políticas sobre el suicidio.

México: de la ausencia a la construcción de una política

En una investigación que realicé sobre el balance de las políticas públicas de prevención del suicidio en México, encontré que durante más de 18 años el suicidio no estuvo incorporado de manera específica en los principales instrumentos nacionales de planeación en salud; en algunos de ellos ni siquiera se mencionaba.

Esto no significa que durante esos años no existiera prevención.

Investigadores, suicidólogos, universidades, organizaciones de la sociedad civil y profesionales de distintas partes del país mantuvieron el tema vivo, produjeron conocimiento, desarrollaron intervenciones y presionaron para incorporarlo a la agenda pública.

También surgieron formas de organización y articulación como el Frente Nacional para la Prevención del Suicidio, integrado por profesionales de diferentes regiones del país. Estos actores forman parte de la historia de cómo el suicidio consiguió convertirse progresivamente en un problema público.

Actualmente México cuenta con un Programa Nacional para la Prevención del Suicidio. Es un avance importante respecto de la situación encontrada en nuestra revisión histórica.

Sin embargo, permanece una distancia entre producir programas y consolidar una política pública.

Y México necesita discutir también las hegemonías desde las cuales se construye la prevención. El suicidio no puede convertirse en patrimonio exclusivo de la psiquiatría o la psicología. O de ciertos grupos. Los determinantes sociales, la violencia, las desigualdades, el territorio, la cultura y las condiciones de vida también tienen que ocupar un lugar en la política pública.

Después de 23 años

El Día Mundial para la Prevención del Suicidio ha conseguido algo importante: hacer visible un problema que durante mucho tiempo permaneció en silencio.

Pero una fecha conmemorativa no puede convertirse en sustituto de una política.

El riesgo aparece cuando alrededor del 10 de septiembre se concentran campañas, estadísticas, conferencias y discursos y, durante el resto del año, la prevención pierde visibilidad, continuidad y recursos.

Pasar de hablar del suicidio a construir prevención; de las campañas aisladas a intervenciones sostenidas; de los programas escritos a políticas evaluadas; y de una mirada concentrada en unas cuantas disciplinas a una responsabilidad social, interdisciplinaria e intersectorial.

Cambiar la narrativa es importante. Pero el verdadero avance será conseguir que aquello que hacemos visible cada 10 de septiembre se convierta en una política pública capaz de permanecer y producir resultados durante todo el año.

  • La autora es socióloga, doctora en Ciencias de la Salud Colectiva porla UAM, Xochimilco y maestra en Administración Pública, por la École nationale d’administration publique (ENAP) de Québec. Es suicidóloga e investigadora especializada en prevención del suicidio, salud, políticas públicas, experta en evaluación de programas.angelabeatrizma@gmail.com

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