Por el derecho a una muerte digna

Nadie sabe en realidad lo que sufre una persona en condición terminal, que padece una enfermedad crónica irreversible, degenerativa, o que le produce continuo dolor. Podemos acercarnos al sufrimiento a través de testimonios pero difícilmente captaremos en toda su intensidad lo que viven estas personas. El dolor es lo más incomunicable, escribe Elaine Scarry. Sabemos en cambio que el sufrimiento, físico y/o psicológico, puede ser tan intolerable, o la degradación de las condiciones de vida ser tan intensas que llevan a desear la muerte. En algunos países, quienes buscan dar fin a su sufrimiento insoportable pueden recurrir legalmente al suicidio medicamente asistido o a la eutanasia. En México ambos procedimientos son ilegales pero, desde 2002, se han presentado diversas iniciativas para cambiar esta limitación.

En la Ciudad de México, existen hoy tres propuestas que el Congreso local deberá discutir con seriedad. Además de la Ley Trasciende, promovida por Samara Martínez, quien padece de una enfermedad crónica e irreversible, de la iniciativa presentada por la diputada Jannette Guerrero Maya (PT), la Asociación Libertad para Morir A.C. impulsa una iniciativa ciudadana para que el congreso capitalino discuta y, en su caso, apruebe una Ley de Asistencia Médica para Morir que propone la legalización y regulación del suicidio medicamente asistido y de la eutanasia. Esta asociación, “interdisciplinaria, laica”, integrada por especialistas en bioética, medicina, derecho… con gran experiencia, propone una ley integral basada en el respeto a los derechos humanos, la autonomía, los valores personales y, en particular, al derecho a la vida con dignidad que incluye el derecho a una muerte digna, como, señala, también lo establece la constitución capitalina.

Según el Dossier de la iniciativa, ésta responde a las necesidades de personas en situación terminal, “sin posibilidad de tratamiento, con un pronóstico médico de supervivencia menor a seis meses o con una condición crónica e irreversible que les provoca un sufrimiento que ya no toleran”. La asistencia médica para morir (AMM) que propone incluye el suicidio asistido (en que la persona se administra dosis letales de fármacos proporcionados por personal de salud, para morir sin dolor) y la eutanasia (en que personal médico administra fármacos para ese mismo fin). Esta asistencia para la muerte digna, en ambas modalidades o en una, es ya legal en trece países, entre ellos, Canadá, Colombia, Ecuador, Uruguay, y varios estados de EUA en nuestro continente. En Francia, Inglaterra y Portugal existen iniciativas que aún no se han aprobado.

La iniciativa toma en cuenta las experiencias internacionales, las leyes mexicanas, y, me parece, otras experiencias de ampliación de derechos en México, como la despenalización del aborto en la CDMX. Así, propone una clara definición de los procedimientos de AMM, de los criterios para acceder a ellos, y retoma otras prácticas como la voluntad anticipada, los cuidados y la sedación paliativos, legales y que seguirían vigentes. También establece un detallado protocolo para garantizar los derechos de las personas solicitantes y del personal médico involucrado, de modo que el procedimiento siga un camino legal claro, con respaldo profesional científico y ético. La legalización de la AMM conlleva la protección de solicitantes y personal médico, de su privacidad y confidencialidad; incluye la necesidad de un diagnóstico comprobado y ratificado, la discusión entre paciente y tratante, la creación de un comité especializado que apruebe o niegue las solicitudes, la posibilidad de retirar una solicitud; considera también la objeción de conciencia del personal médico y la obligación de las instituciones de salud autorizadas de garantizar el servicio con personal no objetor. Es, pues, una iniciativa muy completa.

Según encuestas, la mayoría de la población aprueba la legalización del acceso a la muerte digna. En esta república laica y en esta capital donde, gracias a la ciudadanía, se han ampliado las libertades, el congreso capitalino debe discutir ampliamente estas iniciativas y aprobar la mejor ley posible, con sentido ético y de justicia social.