Cuando cuidar empobrece

"La verdadera caridad no consiste en dar limosna, sino en ayudar a que se haga justicia.” Papa Juan Pablo II

En México, cuidar a una persona con discapacidad o dependencia funcional es, al mismo tiempo, un acto de amor y un factor silencioso de empobrecimiento y desigualdad para millones de hogares. Esta columna se inspira y se nutre del trabajo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre el cuidado a largo plazo en América Latina, que ha visibilizado la carga económica y emocional que asumen, sobre todo las mujeres cuidadoras, en la región, así como el valor macroeconómico del cuidado no remunerado. A ellas y a las familias que hoy hacen malabares entre medicinas, terapias y recibos de luz, va dirigida esta reflexión.

El BID ha documentado que el trabajo de cuidado —en su mayoría no remunerado, realizado en casa y asignado casi siempre a mujeres— es literalmente un motor oculto de la economía latinoamericana. Si ese tiempo y esfuerzo se pagaran a precios de mercado, representaría alrededor del 21% del PIB regional, una cifra que supera a muchos sectores productivos formales. Pero en las estadísticas fiscales ese aporte aparece como “costo familiar”, no como inversión social; en la hoja de vida de la cuidadora, como un “hueco laboral” que luego se le reprocha en el mercado de trabajo.

En México, esta realidad tiene rostro y nombre. De los 130,3 millones de habitantes estimados para 2024, 9,5 millones viven con alguna discapacidad, es decir, el 7,3% de la población. Detrás de cada persona con discapacidad suele haber al menos una cuidadora principal —casi siempre madre, hija o esposa— que reorganiza o abandona su empleo, reduce ingresos presentes y pensión futura, y asume además la carga emocional de ver sufrir a quien ama.

Los datos nacionales son contundentes: los hogares con al menos una persona con discapacidad gastan significativamente más en salud que los hogares sin esta condición. Según cifras recientes del INEGI, el gasto trimestral en consulta externa de estos hogares ronda los 2,181 pesos, frente a 1,432 pesos en hogares sin discapacidad; es decir, un esfuerzo financiero casi un 50% mayor solo por tener a alguien que requiere cuidados especiales. Para una familia de ingresos limitados, esa diferencia puede significar dejar de pagar internet para las tareas escolares, posponer el arreglo de una fuga de agua o renunciar a una canasta básica completa.

A ese sobrecosto se suma la pérdida de ingresos laborales. Estudios del BID con encuestas de uso del tiempo muestran que entre el 63% y el 84% de los cuidadores de largo plazo en América Latina son mujeres, y que la necesidad de brindar cuidados está asociada con una reducción significativa en la probabilidad de trabajar y en las horas laboradas, especialmente en el grupo de 50 a 64 años. En otras palabras, en cientos de miles de hogares mexicanos el mismo evento —la aparición de una dependencia severa— aumenta el gasto estructural y, al mismo tiempo, reduce la capacidad de generar ingresos estables.

Es aquí donde la empatía no es un lujo discursivo, sino una obligación ética. Detrás de cada estadística hay una familia que decidió que alguien dejara su plaza eventual en una maquila para poder bañar, alimentar y movilizar a su padre con secuelas de un infarto cerebral; una joven que interrumpió la universidad para acompañar a su hermano con discapacidad motriz a terapias diarias; una madre que se turna noches en vela con su hija con parálisis cerebral mientras calcula si la quimioterapia del abuelo alcanzará junto con la renta. Ninguna de esas decisiones aparece en el Presupuesto de Egresos de la Federación; todas pesan en el refrigerador vacío.

Pese a la magnitud del problema, el andamiaje de apoyo institucional en México sigue siendo claramente insuficiente. El propio INEGI ha informado que casi el 70% de las personas con discapacidad no recibe ningún apoyo institucional; solo alrededor del 30% de quienes tienen entre 18 y 70 años acceden a algún tipo de apoyo económico o programa gubernamental. Esto implica que la gran mayoría de los costos —tiempo, dinero, salud mental— se socializan en la familia y se “privatizan” a espaldas de las cuidadoras.

El BID ha insistido en que, en contextos donde la oferta de servicios formales de cuidado de largo plazo es mínima, cualquier discusión de política pública debe partir del reconocimiento explícito del cuidado familiar y de sus costos de oportunidad, especialmente para las mujeres. No se trata de desplazar a la familia, sino de dejar de explotarla como el último amortiguador silencioso de los vacíos del Estado.

Desde la perspectiva de la política pública, México necesita transitar de la lógica del “apoyo disperso” a la construcción de un sistema nacional de cuidados de largo plazo, alineado con las recomendaciones técnicas del BID y con las experiencias emergentes de otros países de la región. Esto implica al menos cinco líneas de acción: 1) Reconocer jurídicamente el derecho al cuidado y la corresponsabilidad del Estado, del mercado, de la comunidad y de la familia. 2) Generar un padrón nacional de personas con dependencia funcional y sus cuidadores, que permita dimensionar con precisión la demanda de servicios y apoyos. 3) Profesionalizar el cuidado: formación, certificación, protección social y empleo digno para cuidadoras y cuidadores formales. 4) Establecer prestaciones económicas condicionadas al plan de cuidados que compensen parcialmente la pérdida de ingresos laborales en el hogar. 5) Ampliar los servicios de respiro, los centros de día, la rehabilitación comunitaria y el apoyo a la salud mental para las familias cuidadoras.

Para un país con 9,5 millones de personas con discapacidad y un rápido envejecimiento demográfico, seguir postergando esta agenda significa consolidar un círculo de empobrecimiento silencioso que golpea con más fuerza a los hogares más vulnerables.

Como legislador y médico, pero sobre todo como padre y abuelo, no puedo mirar estas cifras sin pensar en las familias que hoy me leen tal vez desde la sala de espera de un hospital o desde la esquina de una cama hospitalaria improvisada en la recámara. A ustedes, que cuidan sin horarios ni aguinaldos, esta columna quiere decirles algo muy claro: el país les debe una deuda que no se salda con gratitud retórica, sino con leyes, presupuestos y servicios concretos.

El cuidado, estimados lectores, no es un “asunto privado” ni un problema doméstico; es infraestructura social que sostiene la productividad, la cohesión y el futuro de México. Poner a las familias cuidadoras en el centro de la discusión económica no es un gesto de caridad: es un acto mínimo de justicia con quienes ya han puesto —y siguen poniendo— el cuerpo, el tiempo y el corazón.

Referencias

• [1] BID. https://www.iadb.org/es/blog/proteccion-social/como-repensar-la-medicion-de-la-pobreza-para-incluir-las-personas-con-discapacidad?utm_source=email&utm_medium=newsletter&utm_campaign=como_repensar_la_medicion_de_la_pobreza&utm_term=vps/gdi
• [2] INEGI. https://www.inegi.org.mx/temas/discapacidad/

*El autor (www.ectorjaime.mx) es médico especialista en cirugía general, certificado en salud pública, con doctorado en ciencias de la salud y en administración pública. Es legislador y defensor de la salud pública de México, diputado reelecto del grupo parlamentario del PAN en la LXVI Legislatura y presidente del Capítulo de América Latina y el Caribe de UNITE Parliamentarians Network for Global Health.