Agenda regulatoria para las telecom en 2026

El arranque de 2026 en el sector de telecomunicaciones mexicano se da en un contexto de altas expectativas y, a la vez, de incertidumbre regulatoria.

La recién creada Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) ha aprobado ya su Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias (PABF) 2026, una hoja de ruta que incluye bandas estratégicas como la de 600 MHz para ampliar cobertura y capacidades 5G, así como frecuencias altas (10 GHz y 37 GHz) orientadas a la provisión del servicio de internet fijo inalámbrico.

No obstante, en 2026, la CRT deberá demostrar que entiende las complejidades del mercado y que tiene la capacidad técnica y regulatoria para implementar acciones estructurales con resultados tangibles, más allá de un cambio cosmético del regulador.

Espectro 5G: ¿licitación por fin? Una de las principales expectativas que pende sobre la CRT este año es la licitación de espectro para servicios 5G, una tarea que México arrastra desde hace al menos un lustro.

El nuevo plan anual incluye el marco para procedimientos futuros, pero no garantiza por sí mismo el lanzamiento de la licitación.

La licitación de bloques clave para 5G sigue siendo un pendiente crítico. Un proceso exitoso, con condiciones competitivas de precio y participación efectiva, es indispensable para consolidar redes de última generación que amplíen cobertura, reduzcan brechas e impulsen la inversión privada y extranjera.

Los agentes competidores han advertido que si las condiciones regulatorias no se ajustan a las necesidades de mercado, México corre el riesgo de tener un proceso de licitación fallido y pasar más años con un rezago en la asignación del espectro radioeléctrico.

Registro de usuarios móviles: ¿una buena intención para qué? Otro tema que ha generado debate es la obligatoriedad de registrar las líneas móviles asociadas a una persona física o moral.

La CRT estableció que esto debe comenzar a implementarse en enero de 2026, con un periodo de inscripción que tentativamente podría extenderse hasta junio, pero que implicaría el registro de aproximadamente 160 millones de líneas, un promedio cercano al millón diario, con marcadas diferencias en costos de implementación entre los operadores tradicionales y los móviles virtuales.

En principio, un padrón de líneas podría abonar al combate del fraude y la inseguridad. Sin embargo, la carga operativa y de costos recae principalmente en los operadores, con una necesaria implementación de soluciones de software, capacitación y centros de datos.

Más aún, la práctica de vincular forzosamente el derecho de conectividad a un registro obligatorio podría generar más barreras que beneficios. Se trata de una medida sin una justificación sólida de política pública que es más una ocurrencia, por más bienintencionada que sea.

Más allá de la regulación: diálogo y eficacia. Si la CRT quiere avanzar en 2026 de manera significativa, es indispensable que no solo publique medidas y documentos, sino que incorpore retroalimentación profunda del sector, de la academia, de los agentes regulados y de la sociedad civil.

Hasta ahora, la percepción generalizada es que hay mucho camino por recorrer y poca transparencia sobre las decisiones que la nueva regulación implicará en el mediano y largo plazo.

La apertura a la crítica, la autocrítica institucional y la incorporación de perspectivas diversas deben ser pilares de la agenda regulatoria. El sector de telecomunicaciones en México es un motor de competitividad, innovación y acceso social.

Si la regulación no está orientada a la competencia efectiva, a propiciar la inversión y a proteger los derechos de usuarios, el país perderá una oportunidad histórica de modernizar su infraestructura digital.

La CRT tiene la oportunidad de marcar una nueva etapa para las telecomunicaciones mexicanas, pero solo si sus decisiones se anclan en una visión de largo plazo y en el fortalecimiento del sector. El futuro digital de México lo demanda.