La historia reciente de nuestra democracia nos dice que las transformaciones de gran calado, en temas específicos, no sólo dependen de los poderes establecidos, del ánimo que tengan los grupos que gobiernan o del de quienes están en la oposición; son cambios que provienen también de la academia, del periodismo y de organizaciones ciudadanas especializadas que, en muchos casos, sin una alineación partidista ni patrocinios empresariales que den sesgo indebido a su quehacer, impulsan agendas justas en favor de asuntos diversos. Ahí están el caso de las leyes de transparencia, el de las candidaturas independientes y el de la publicidad oficial.

Y no es que en esos y otros asuntos estemos en el puerto final sin ningún cambio por delante, pero es un hecho que el papel de las voces ciudadanas fue clave para orientar rumbos democráticos y por eso es importante tomar en cuenta los argumentos de organizaciones que no tienen fines de lucro, pero sí mucho qué decir sobre el quehacer público.

Si no se articulan voces de la sociedad civil especializada, los contextos de exigencia estarán vacantes, aunque existan caminos para ponerlos en marcha. Generar esos caminos ha sido una tarea muy larga y compleja. Las brechas y avenidas ahí están esperando que no dejen de transitar esas voces fundamentales.

En 1977, la incorporación del derecho a la información a nuestra Constitución, en el marco de la reforma política, vio pasar 25 años antes de que, en junio del 2002, llegara la primera ley secundaria en materia de transparencia y acceso a datos y registros públicos.

Aquella ley, pese a las omisiones que presentaba, significó un punto de inflexión enorme, un cambio profundo que permitiría a cualquier persona exigir información sobre todo lo que se gasta y hace el aparato público. Antes hasta los sueldos de funcionarios eran un secreto.

El 23 y 24 de mayo del 2001, un seminario celebrado en Oaxaca, denominado Derecho a la Información y Reforma Democrática, convocó a académicos, periodistas y activistas de la libertad de expresión, quienes discutieron escenarios de reforma para garantizar ese derecho a la información, y esbozaron un decálogo de lo que consideraban aspectos mínimos para legislar su vertiente de acceso a datos y registros públicos, lo que conocemos como derecho de acceso a la información pública. Sus planteamientos tuvieron resistencias, pero se abrieron paso e incidieron de forma definitiva en la ley que finalmente fue aprobada.

Ginger Thompson, quien era corresponsal del influyente diario The New York Times, fue quien bautizó a ese grupo de especialistas que habían acudido al seminario como Grupo Oaxaca. Había abogados destacados como Ernesto Villanueva, Jorge Islas, Issa Luna y Salvador Nava, también periodistas como Jenaro Villamil y Roberto Rock. Ellas y ellos sumaron esfuerzos con especialistas y organizaciones sociales, diseñaron su propia iniciativa y lograron que la oposición la adoptara como propia. El gobierno de Vicente Fox había propuesto simultáneamente otra iniciativa en donde se reconocía la transparencia, pero sin un árbitro independiente del propio gobierno. Llenas de argumentos, las voces ciudadanas fueron factor determinante.

El modelo de acceso a la información es una realidad y es un mecanismo fundamental de control al ejercicio del poder y de revisión al uso de los recursos públicos. Existen procedimientos e instituciones acreditados en los hechos para conocer por dentro los gobiernos, los partidos, los sindicatos y las universidades, por citar algunos ejemplos. Llevamos varios lustros en esa ruta, pero nos falta consolidar la forma en que ese derecho puede redituar a nuestra sociedad un mecanismo eficaz de evaluación de lo público.

Hay rutas bien definidas, también, para la necesaria participación de las organizaciones ciudadanas, para seguir aprovechando su impulso. Ojalá sigan siendo transitadas, porque abrirlas ha costado mucho, a ellas y a todas y todos nosotros.

*Consejero del INE.

Marco Antonio Baños

Consejero del Instituto Nacional Electoral

Columna invitada

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