El domingo próximo tendrá finalmente lugar un plebiscito en Chile -pospuesto seis meses, a causa de la pandemia-, en el que la ciudadanía será consultada sobre la necesidad, o no, de debatir y promulgar una nueva constitución política. Se trata, sin hipérbole, de un hito para ese país y para América Latina en su conjunto.

La importancia de la consulta no puede ser desestimada. Su aprobación significaría el desmantelamiento del edificio institucional impuesto por Pinochet con la Constitución de 1980- todavía en vigor- que hizo de Chile una anómala democracia, vigilada y acotada desde la ultratumba por el viejo dictador. Dicha ordenanza, aunque varias veces enmendada, se mantuvo como un cerrojo que enquistó la desigualdad legada por el brutal experimento de capitalismo salvaje y darwinismo social, impuesto en condiciones de laboratorio por los llamados Chicago Boys y que obligó posteriormente a la oposición democrática, en la transición sui generis a la democracia, a integrarse en una amplia coalición entre el centro-derecha y centro-izquierda, la  Concertación de Partidos por la Democracia, para poder superar el régimen autoritario y preservar un siempre frágil orden democrático.

El votante chileno tendrá frente a sí dos boletas cada una con una pregunta y dos respuestas posibles:

1.¿Quiere Ud. una nueva constitución? Apruebo/ Rechazo.

2. ¿Qué tipo de órgano debiera redactar la Nueva Constitución? «Convención Mixta Constitucional» o «Convención Constitucional».

Nótese, respecto a la segunda pregunta, que omite de modo deliberado el término “Asamblea Constituyente”, que sigue siendo tabú para la derecha chilena más recalcitrante. Es notorio, además, que la segunda disyuntiva se reduce a un congreso plebeyo, elegido directamente por la nación, o un cónclave tutelado por el actual establishment.

La consulta es resultado del llamado Acuerdo por la Paz Social y una Nueva Constitución, compromiso histórico alcanzado por legisladores y dirigentes de todas las fuerzas políticas, excepción hecha del histórico PCCh y de la extrema derecha, como respuesta a los motines populares de octubre pasado, conocidos como el Estallido Social, provocados por el alza a las tarifas del transporte público, pero, más hondamente, por la frustración popular ante unas elites abusivas y un gobierno insensible a la desigualdad social, y a la promesa incumplida de reforma social, después del fin del ciclo de la Concertación que dominó la escena política chilena de 1989 a 2009.

De ser aprobada, tal y como auguran diversos sondeos, los chilenos iniciaran un proceso constituyente de dos años.

Pese a su evidente respaldo popular, el proyecto tiene también sus detractores, mismos que alegan en su contra que el plebiscito tendrá lugar en medio de la pandemia, lo cual excluiría a amplios sectores de la población, señaladamente a las personas mayores. Otros consideran que el proceso constituyente posterior será muy oneroso y desgastante y que bien podría absorber la vida política y paralizar la buena marcha de la economía.

Una dificultad adicional serán las expectativas desmesuradas que pueda generar la nueva carta magna. Ninguna constitución es garantía de panacea. En todo caso, más que un mapa hacia la Tierra Prometida será una hoja de ruta que permita avanzar hacia un marco distinto de convivencia social y política y un instrumento que haga posible nivelar la cancha común y reducir la inmensa brecha social que separa todavía a los chilenos: un país en el que el 1% de la población concentra el 25% de la riqueza. Así, cabe esperar que la nueva constitución establezca un nuevo contrato social que incluya a todos y que brinde garantías universales de salud, educación y seguridad.

@MarioOjedaRevah