Es un secreto a voces: en las pláticas entre algunos sectores de la iniciativa privada, líderes obreros y autoridades federales se estaba pactando intercambiar la eliminación de la subcontratación por cambios en la normatividad de la participación de los trabajadores en las utilidades (PTU). Todo indica que se ha llegado a un acuerdo.

El 12 de noviembre de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa para acabar con el outsourcing, regulando simultáneamente la prestación de servicios especializados y las agencias de colocación. Dado que hubo muchas voces de empresarios, de expertos laborales y de organismos internacionales que señalaron los riesgos de terminar con la tercerización, se establecieron una serie de mesas de diálogo en Palacio Nacional para consensuar una decisión al respecto.

El gran problema es que, según la información que se ha hecho pública, en estas pláticas realmente no se está discutiendo si es pertinente o no ponerle fin a la subcontratación legal, sino que, más bien, se ha buscado hacer un trueque: sacar adelante la iniciativa prohibicionista en materia de outsourcing y, a cambio, modificar el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo para fijar a 90 días el límite en el pago de reparto de utilidades.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha señalado que, actualmente, los trabajadores que tienen acceso a esta prestación reciben en promedio 22 días de utilidades, al tiempo que, con la reforma, dicho monto podría ascender a 57 días.

De acuerdo con la Secretaría del Trabajo, llevar a cabo modificaciones al funcionamiento del PTU beneficiaría a los trabajadores, afirmación que, en caso de ser verdadera, debe celebrarse. Hay que promover cualquier reforma que contribuya a estabilizar las finanzas de las empresas y a aumentar el ingreso de los trabajadores.

No debe ignorarse, sin embargo, que las afectaciones y los beneficios de cambiar el esquema de PTU dependen del sector económico y del tamaño de las empresas, pues, así como hay actividades donde las utilidades son muy altas, también existen labores en que sucede lo contrario, de tal suerte que se presenta mucha disparidad en la cantidad de dinero que los trabajadores reciben por el concepto referido. Teóricamente, la propuesta señalada buscará estabilizar el pago del PTU, acabando con las enormes diferencias que existen actualmente.

Conviene poner algunos ejemplos para dejar claras las cosas. En actividades como la industria alimentaria, la fabricación de equipo de computación, la elaboración de maquinaria y la minería, los pagos de utilidades suelen superar los 90 días. A los trabajadores de estos sectores no les favorece la iniciativa.

En cambio, el PTU en los trabajos especializados de construcción es de 5 días; en el manejo de residuos y servicios de remediación es también de 5 días; mientras que en radio y televisión es de 3 días. Con la propuesta, la STPS prevé que las cifras señaladas habrán de ascender respectivamente a 83, 53 y 81 días.

Además, los grandes negocios son los que comúnmente tienen mayores ganancias, de tal suerte que suelen pagar más de 90 días de PTU; en cambio, las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), debido al monto de sus ingresos (generalmente bajos), reparten pocas utilidades o ninguna. Así, especialistas señalan que el nuevo esquema de PTU beneficiaría más a las empresas grandes, y, dependiendo de cómo quede redactada la nueva ley, podría perjudicar a las mipymes.

Sin embargo, más allá de los efectos positivos (o negativos) de reformar el PTU, no es correcto vincular este tema con el de la subcontratación, ya que los enormes riesgos de prohibir el outsourcing permanecen, independientemente de otras discusiones laborales que nada tienen que ver con la tercerización.

Para que los trabajadores se beneficien del reparto de utilidades, es necesario que cuenten con un empleo formal, cosa que, por la pandemia de coronavirus y por la estructura laboral del país, resulta extremadamente difícil. La subcontratación es un esquema que ha servido y, en caso de que no se prohíba, puede continuar funcionando para crear empleos inscritos al Seguro Social, que cuenten con las prestaciones que establece la ley. Además, al acabar con el outsourcing, se alejaría la inversión, se obstaculizaría el uso de nuevas tecnologías y se entorpecerían procesos productivos internacionales de los que México depende.

Por todo lo anterior, puede concluirse que, si se concede el PTU por la subcontratación, todos pierden. Es necesario que las autoridades busquen mejorar la regulación y la supervisión laboral en todos los frentes que existan, sin negociar unos males por otros. Los derechos de los trabajadores, las actividades productivas y el crecimiento económico no son intercambiables. Al contrario: son indispensables e interdependientes.

*El autor es director general de TallentiaMX.