Las malas condiciones de trabajo, la informalidad laboral, el escaso desarrollo económico y la falta de seguridad social son algunos de los retos que afronta el país. Es indispensable hacer un diagnóstico de las causas que originan los padecimientos de México. Gobierno, empresarios y trabajadores debemos colaborar para solucionarlos y mejorar con ello las condiciones de vida.

El 1 de mayo de este año, el Congreso de la Unión aprobó una reforma a la Ley Federal del Trabajo que incluye mejoras a la democracia sindical, la igualdad salarial y la justicia laboral. Además de los intereses sociales del actual presidente (que sin duda intervinieron en la dirección de las nuevas leyes), la reforma laboral fue resultado de las negociaciones entre EU, Canadá y México, que con la firma del T-MEC buscan actualizar las relaciones comerciales de América del Norte y afianzarse como uno de los bloques económicos más sólidos del mundo en el entorno de la guerra comercial EU-China, el reblandecimiento de la Unión Europea a causa del Brexit, movimientos independentistas y manifestaciones sociales en Iberoamérica.

El T-MEC se firmó el 30 de noviembre del 2018, y el 19 de junio de este año la Cámara de Senadores mexicana aprobó el tratado. Para apresurar su ratificación (que ahora depende del Congreso de EU) la Cámara de Representantes de ese país envió una delegación encabezada por el legislador Richard Neal, presidente del Comité de Medios y Arbitrios, a fin de evaluar la implementación efectiva de la reforma laboral del 1 de mayo.

El presidente López Obrador envió el 14 de octubre una carta a Richard Neal en la que se comprometió a aplicar de manera positiva las leyes laborales vigentes. La premisa es fortalecer y renovar las relaciones comerciales con los países del norte, adoptar nuevas tecnologías que permitan que las empresas se desarrollen óptimamente, atraer inversión extranjera y redistribuir la riqueza en favor de los trabajadores.

Ahora bien, ni en el contexto de las negociaciones tripartitas del T-MEC ni durante las pláticas recientes que sostuvo la comitiva del Congreso de EU con el gobierno mexicano hubo ningún congresista estadounidense que expresara su deseo de prohibir la subcontratación en México ni de hacer una nueva reforma a la Ley Federal del Trabajo.

Las causas de lo anterior son evidentes, pero deben explicitarse. Por un lado, Estados Unidos es la nación que más utiliza este esquema laboral; simultáneamente, se trata de un sistema que forma parte esencial de los intercambios económicos entre nuestro país y su vecino del norte; por último, la subcontratación responsable y el T-MEC marchan de la mano en la misma dirección: fortalecer y flexibilizar las relaciones comerciales, reducir gastos innecesarios, llevar a los negocios nuevas tecnologías, satisfacer con costos accesibles las necesidades especializadas de las empresas y generar condiciones de trabajo digno.

Particularmente, el país debería considerar que si se quiere redistribuir la riqueza y democratizar el bienestar, además de los programas sociales que los gobiernos han insistido en impulsar (no sin razón), es indispensable reconfigurar modelos laborales y propiciar trabajos formales. La administración responsable del talento humano puede ser una herramienta clave para esto.

Es ésta la causa de que la subcontratación forme parte central de la vida laboral en México, donde más de 8 millones de personas laboran bajo algún tipo de subcontratación y más de 30% de las pequeñas y medianas empresas recurre a este esquema, que, implementado con rectitud, puede reducir significativamente los índices de informalidad, inseguridad social y precarización, así como incentivar sustantivamente tanto el desarrollo económico como el cumplimiento cabal de las obligaciones laborales y fiscales.

Por este motivo, según el diagnóstico de TallentiaMX, es indispensable diferir cualquier nueva reforma a la Ley Federal de Trabajo. No hacerlo significaría retardar o incluso cancelar la ratificación del T-MEC, un tratado que puede cuadriplicar el monto de los intercambios comerciales en los próximos cinco años. La ratificación depende de la Cámara de Representantes de EU, que, además de haber manifestado su aprobación de las leyes laborales mexicanas y de haber supervisado su implementación, cuenta con el compromiso por escrito del gobierno mexicano de que no habrá modificaciones ni en la ley laboral vigente ni en el diseño de su implementación.

La ratificación del T-MEC y la implementación responsable de la subcontratación están unidas contra los principales retos de México y de América del Norte. Por ello, más que reformas punitivas que criminalicen la subcontratación, debe pensarse en la mejora de la administración del talento humano.

*El autor es director general de TallentiaMX.