La declaración de López Obrador, en la Comisión Nacional Bancaria —con respecto a que, en caso de fraude electoral el tigre se soltaría— levantó innumerables comentarios. Sin embargo, se pasó por alto el fondo del asunto, en México es posible intervenir, y por lo tanto alterar, hasta cierto punto los resultados. Es, por lo menos, lo que todos los partidos de oposición acusaron con respecto a los resultados en las elecciones de los estados de Coahuila y México. En el primer caso, la propia autoridad electoral documentó el exceso de gasto de campaña del ganador, lo que tendría que haber llevado a anular la elección. En el segundo, se realizó una operación de Estado, en la que secretarios del gabinete fueron responsables de tareas específicas, para hacer uso de todos los recursos posibles para ganar la elección. Se decía que el triunfo de Delfina Gómez podría afectar al tipo de cambio. De hecho, el triunfo priista se basó en un comportamiento electoral más que atípico, ya que la participación electoral y el voto tricolor fue inusualmente alto en las comunidades rurales. Pero la compra del voto y la movilización masiva de electores rurales es solamente una variante para intervenir elecciones. En realidad, a 30 años del fraude histórico de 1988, es posible hacer trampa en las elecciones en México y eso representa un riesgo para la sociedad.

El gobierno mexicano puede también triplicar el gasto en publicidad, para asignar, sin control alguno, algo cercano a los 7,000 millones de pesos a los medios de comunicación. Con una cartera de ese tamaño, se influye en lo que se informa y se editorializa. Además, el contenido de los mensajes transmitidos no busca proporcionar información valiosa para la población, sino abiertamente promocionar al gobierno, algo inusual en las democracias. La última pretende, con gran ingenuidad, convencernos de que el gobierno no está de cabeza. En otras ocasiones, actores privados gastaron cantidades importantes de recursos en estrategias masivas de inducción del voto. Se trata una acción que viola la legislación electoral y que, ojalá en esta elección no se presente.

No obstante, a pesar del gasto y el esfuerzo de reforma institucional desarrollado por décadas, los árbitros electorales no son siempre creíbles. Los estudios con respecto a las sentencias de los tribunales electorales muestran que no siempre fallan en el mismo sentido, ni sirven de garantes de los derechos políticos de las personas. Recientemente, se amplió el plazo de ejercicio de los magistrados ya electos, porque así correspondía al conjunto de los intereses de los partidos que los eligieron. El caso más grave, por supuesto, fue el despido del fiscal electoral, Santiago Nieto, que no había sido designado por el Ejecutivo, sino por el Senado de la República. El motivo real del despido pudo haber sido la investigación del uso de sobornos de Odebrecht para financiar la campaña del PRI, por medio de Emilio Lozoya. Santiago afirma que fue amenazado por el gobierno, que también intentó sobornarlo.

Utilizar agencias de procuración de justicia para perseguir adversarios electorales ha sido práctica común en México. El caso más paradigmático fue el desafuero de López Obrador, que tenía el fin, casi confeso, de eliminar a un contendiente. Ahora, la PGR filtra información y actúa con una diligencia insólita para investigar lo que, en efecto, es una operación financiera muy extraña, con ganancias espectaculares, que no se explicarían sin actos de corrupción por parte de Ricardo Anaya.

Quienes ponen en riesgo al país son quienes realizan acciones para intervenir de manera ilegal en las elecciones. Los resultados electorales han sido aceptados por los partidos, o alguien los duda después del comportamiento de Morena posterior a la elección del Estado de México. El problema es que un fraude electoral generaría problemas muy serios en la sociedad mexicana y marcaría al próximo gobierno. Basta ver lo que sucede en los Estados Unidos. Si lo que queremos es estabilidad para el país, es indispensable evitar cualquier elemento de fraude en la elección, el más mínimo, esa debería de ser la preocupación central de los actores sociales y el gobierno. Ante la elección presidencial, ese es el verdadero riesgo que enfrentamos.

Vidal Llerenas Morales

Político

Columna invitada

Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), cuenta con una Maestría en Política y Gestión Pública por la Universidad de Essex, Reino Unido y un Doctorado en Administración y Gerencia Pública por la Universidad de York.