La semana pasada utilizaba este espacio para describir los requisitos de participación de la última subasta de espectro radioeléctrico celebrada en Colombia, con el objetivo de fomentar el despliegue de tecnologías denominadas 4G. Una de las medidas de mayor impacto adoptadas por el gobierno colombiano durante este proceso fue su asimetría en el trato de los distintos operadores y la preferencia que daba a los nuevos entrantes.

Esta preferencia surge como parte de un esfuerzo gubernamental de nivelar el mercado, mientras se intenta incrementar el número de operadores ofreciendo servicio móvil. Para lograrlo se impone el roaming nacional obligatorio por cinco años, con el que busca que los nuevos operadores puedan comercializar servicios en zonas donde aún no poseen su propia infraestructura.

Claro que la oferta de roaming nacional obligatorio (tarifas reguladas impuestas por el gobierno) para los operadores ya establecidos que deseen participar no asusta a nadie sin la existencia de otras medidas que sirvan para frenar la concentración de espectro, que tomaría lugar entre los principales protagonistas del mercado.

Por medio de la agregación de diferentes normas, se ha creado un escenario en Colombia que al menos garantiza a los nuevos entrantes una oportunidad de éxito. Lo anterior teniendo en cuenta que el mayor costo para cualquier operador móvil es el de adquisición y retención de clientes.

Se puede concluir que en Colombia, el gobierno ha forzado a los operadores de redes a un acuerdo similar al que llegaron Telefónica y Nextel en México de forma directa. La única diferencia es que en Colombia los nuevos entrantes tenían acceso de forma inmediata a otras redes, mientras que la experiencia de Nextel para poder ofrecer servicios 3G ha estado plagada de numerosos obstáculos.

Desde mi perspectiva, la enseñanza no escrita de la pasada subasta de espectro en Colombia es que si se desea fomentar la competencia, los gobiernos tienen que visualizar a los nuevos entrantes tanto de redes como virtuales como empresas que mantendrán por años bajos niveles de participación de mercado. Sin embargo, el impacto positivo para el consumidor no surge de lograr que entre una empresa que capture en pocos meses 20% de todos los usuarios móviles. Es claro que esta posibilidad dejó de existir hace muchos años en países como México y Colombia.

Lo importante es incrementar la cantidad de proveedores pequeños, para que éstos logren participaciones agregadas superiores a 30 por ciento. Pero el gran logro de estos operadores no es su nivel de participación, sino cómo han forzado a los grandes operadores de redes a modificar su oferta de servicio, acelerar la innovación en sus productos y, lo más importante, para la gran mayoría de los usuarios, bajar drásticamente sus tarifas.

La mayor crítica que reciben prácticas como la del roaming nacional obligatorio de Colombia o la imposición de albergar operadores móviles virtuales es que eliminan los incentivos para invertir. En el caso colombiano, los operadores establecidos están esforzándose en la expansión de sus redes LTE. Mientras el operador virtual español Pepephone, al ver que Vodafone le niega acceso a su red LTE, decide cerrar un acuerdo para este fin con Yoigo.

En conclusión, forzar el roaming nacional potencialmente brinda la oportunidad a nuevos operadores de generar ingresos en zonas donde no cuentan con infraestructura propia. Asimismo, los operadores virtuales pueden justificar la inversión en nuevas tecnologías por operadores de redes pequeños, que de lo contrario se tardarían en hacer estos despliegues al no contar con suficientes clientes para esta nueva red.

*José F. Otero es presidente de Signals Telecom Group, su Twitter es @Jose_F_Otero