Los hechos de este gobierno no tienen precedente en la historia moderna de nuestro país. Su compulsión por la destrucción es inédita, así como la estela de ruinas y escombros que va dejando a su paso. Sus motivaciones parecen inescrutables, pero se asocian con un amasijo tóxico de ignorancia, soberbia, mentiras, narcisismo, puerilidad, ideologías delirantes, resentimiento, autocracia, milenarismo, fanatismo sectario, prejuicios, odio por la ciencia y la razón, y simple y avasalladora ineptitud. El sector de energía ha sido otra de sus víctimas más visibles, donde la saña de devastación ha resultado particularmente costosa.

Empezó con la cancelación de las líneas de transmisión que interconectarían e integrarían al sistema eléctrico nacional con Baja California y el Istmo de Tehuantepec. Recordemos que un sistema eléctrico basado en energía renovable requiere de la más amplia cobertura geográfica, con la finalidad de manejar y compensar intermitencias y asegurar su estabilidad en términos de voltaje y frecuencia. Siguió con la cancelación de las Subastas de Energía Limpia, instrumento esencial para inducir competencia y minimización de costos, así como inversiones crecientes en centrales de energía renovable, en el contexto del Mercado Eléctrico. No conforme con esto, el gobierno se lanzó en contra de otro instrumento fundamental para la Transición Energética: los Certificados de Energía Limpia (CEL); defraudó al mercado al otorgar CEL gratuitamente a las plantas ya existentes de CFE, con lo cual los precios se derrumbaron, y con ello, los incentivos para la inversión. Más aún, el gobierno ha interferido con la terminación de la red de gasoductos que permitirían entre otras muchas cosas, eliminar el uso de combustóleo en plantas termoeléctricas vinculado a una amplia gama de enfermedades y a una mayor mortalidad por Covid-19 a través de las partículas inhalables PM2.5. También, ha promovido un mayor consumo de carbón en las termoeléctricas de Coahuila. Recientemente, el gobierno ha consumado la demolición de la Transición Energética por la vía administrativa, emitiendo acuerdos de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional por medio de la Sener y Cenace. Estos, ilegalmente, bloquean pruebas pre-operativas y entrada en operación de centrales renovables; le dan facultades discrecionales al Cenace para despachar centrales eléctricas sin respetar el orden económico; eliminan la competencia y favorecen a las plantas de combustóleo de CFE más caras y contaminantes; y le permiten al Cenace negar a placer el acceso a las redes de transmisión a cualquier generador. Todo esto, mientras el gobierno intenta aumentar los volúmenes de refinación de petróleo, con lo que se producirá como residuo más combustóleo con un altísimo contenido de azufre (4%), al cual se le dará uso en las centrales termoeléctricas. Además de perder y despilfarrar más dinero del erario en refinación, el gobierno nos hará pagar esta sinrazón con tarifas y/o impuestos más altos, y con nuestra propia salud e incluso la vida. (Cosas que ya hemos comentado en esta columna). Obviamente, las empresas afectadas han recurrido a la protección de la justicia federal por la vía de amparos, sobre los cuales en estos días se han otorgado las suspensiones provisionales correspondientes. No obstante, es de esperarse que el régimen reaccione como lo sabe hacer: pisoteando la ley, encontrando formas de evadirla, o acosando y amenazando a jueces y magistrados para que resuelvan en su favor.

El gobierno con sus acciones viola impune y ostensiblemente la Ley de Transición Energética, la Ley de Cambio Climático, y el Acuerdo de París, que es Ley Suprema de la Nación de acuerdo al Artículo 133 Constitucional. Ha convertido a México en un Estado Delincuente (Rogue State). Aparte de enfermarnos y matarnos con mayores emisiones de contaminantes, y de aumentar ilegalmente las emisiones de Gases de Efecto Invernadero, el gobierno ha roto los últimos pilares de confianza y certeza jurídica de la IP, provocado la ira y el escarnio de nuestros socios comerciales, y precipitado (aún más, si cabe) al país a un abismo de depresión económica, desempleo, pobreza y crisis ambiental.

Gabriel Quadri de la Torre

Ingeniero Civil y Economista

Verde en Serio

Político, ecologista liberal e investigador mexicano, ha fungido como funcionario público y activista en el sector privado. Fue candidato del partido Nueva Alianza a Presidente de México en las elecciones de 2012.