En este momento, los agricultores del maíz están ?más preocupados en el logro de mejores precios ?para sus cosechas.

La caída de los precios internacionales de los granos puede ser uno de los obstáculos más importantes para la reforma al campo, anunciada por el presidente Enrique Peña Nieto.

Miles de productores quieren hablar con las autoridades de la Sagarpa, no para conocer detalles de la reforma del campo, sino para negociar apoyos por la fuerte caída que ha sufrido el precio de su producto. De la respuesta que reciban los productores a sus preocupaciones dependerá mucho la actitud que tomen frente a la propuesta del Presidente.

Un foco de alerta está prendido en el caso de los agricultores del maíz. La tonelada métrica estaba en 311 dólares en diciembre del 2012, cuando Peña asumió la Presidencia. Ayer, jueves 9 de enero, cerró en 192 dólares.

Un descenso de 38% en 14 meses quiere decir mucho para los productores del principal cultivo en México. En nuestro país hay 4 millones de productores agrícolas, de los cuales 3.2 millones se dedican primordialmente a la producción del maíz. Alrededor de 250,000 producen para el mercado. Son una proporción mínima del universo dedicada al maíz, pero un grupo suficientemente grande para hacer oír su voz en política agropecuaria.

Ahora están más preocupados en el logro de mejores precios para sus cosechas. Eso se nota en Sinaloa y Jalisco, principales estados productores. Los cambios estructurales son para ellos un asunto lejano, que tiene que ver con los políticos y con la ciudad de México.

¿Cómo resolverá el gobierno federal un asunto de coyuntura en el contexto de una reforma estructural de largo plazo? Ésta es una de las cuestiones más importantes relacionadas con la reforma al campo. No hay garantías de que se resolverá impecablemente, por la complejidad del asunto y por lo vivido en el 2013: el gobierno fue muy exitoso en la promoción de las reformas estructurales. Fue regular o malo en el manejo de la coyuntura y el corto plazo. La mejor prueba de esto es el raquítico crecimiento registrado en el 2013.

Una mala gestión nacional de los bajos precios internacionales puede traducirse en movilizaciones de protesta y, eventualmente, distraer la atención de los asuntos cruciales de la reforma del campo. Cualquiera de las dos cosas sería muy negativa y es probable.

Abrir la llave de los recursos públicos para redimir a los productores de las pérdidas (o menores ganancias) ocasionadas por el bajón de los precios sería una decisión que quizá ofrecería dividendos políticos, pero sería una aberración económica. Cerrar la llave y asumir el costo político tiene riesgos.

Este dilema refleja muy bien lo que ha sido el drama del campo mexicano. Se ha querido compensar con un río de recursos los males que genera la mezcla de una mala política y una pésima administración pública. Tirar dinero al campo no ha servido para resolver los problemas de la improductividad o la pobreza , escribió esta semana Sergio Sarmiento. La Sagarpa tenía 15,128 millones de pesos de presupuesto en 1995. En el 2014 tendrá 82,900 millones. En ese lapso se cumplió uno de los plazos marcados por el TLCAN, aquél que permitiría la libre importación de maíz.

Tuvimos 15 años para transformar la estructura productiva del campo. Se hizo a medias, porque ahora somos una potencia en hortalizas, pero seguimos siendo una estampa de la obsolescencia en la producción de granos básicos. Allí están los riesgos y las oportunidades de la reforma al campo.

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