Dejar de ahorrar para el retiro es poner en juego la estabilidad y certidumbre de nuestro futuro y el desarrollo presente y potencial del país

De manera individual las afores pueden responder con acciones que llevan a un menor ahorro voluntario o a ofrecer servicios de menor calidad

En 1997, para hacer frente a los cambios demográficos que vivía nuestro país —el adelgazamiento de la base de la pirámide poblacional, su ensanchamiento en la parte superior, y el aumento de esperanza de vida de los mexicanos— se reformó el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). El anterior esquema, en el que los trabajadores en activo contribuían para pagar las pensiones de los trabajadores en retiro, no era sostenible ya, al haber cada vez menos jóvenes fondeando a un grupo cada vez mayor de retirados.

Con la reforma, cada trabajador contribuiría a lo largo de su vida productiva para la conformación de un fondo individual que constituiría su retiro, ofreciendo la posibilidad de mejores condiciones de vida al momento de retirarse, así como mayor certidumbre, pues la cantidad de recursos que recibiría cada trabajador en el futuro dependería sólo de sus ahorros y del rendimiento acumulado de éstos, por lo que era probable incluso que algunos trabajadores eligieran seguir trabajando más allá de la edad mínima de jubilación, para engrosar los ahorros con los que contarían al retirarse.

Además de dar sostenibilidad al modelo de ahorro para el retiro, el nuevo sistema tenía otra bondad: proveería a la economía mexicana con una cantidad importante de recursos en forma de ahorro que podrían ser canalizados a inversión de largo plazo, como proyectos de infraestructura, con los consecuentes efectos positivos sobre el potencial de crecimiento para la economía mexicana.

Tras más de 20 años de operación, el SAR ha rendido frutos. De acuerdo con la Consar al cierre de abril de este año, las afores administran recursos por 3.5 billones de pesos, los activos de las sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro representan 15.2% del PIB y sus activos netos representan 27.4% del ahorro interno. De hecho, estos recursos han servido para financiar de manera importante sectores clave para el crecimiento del país, como infraestructura (405,000 millones de pesos), energía (120,000 millones de pesos) y vivienda (46,000 millones de pesos).

En este contexto, a principios de este año, el titular del Ejecutivo federal envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, con el objeto —entre otros— de “promover un mayor rendimiento neto para los trabajadores”, señalando que “las comisiones por administración de las cuentas de los trabajadores podrán cobrarse aplicando solamente una comisión única integrada por dos componentes: uno sobre saldo y otro sobre desempeño”. El noveno transitorio de la propuesta de reforma a la ley dicta que “las comisiones que cobran las administradoras disminuyan en proporción al incremento que registren los saldos administrados” por éstas. En principio, nadie está peleado con el objetivo de reducir las comisiones, sin embargo, la metodología autorizada por Consar para esto ha generado una serie de preocupaciones.

De entrada, definir una fórmula para las comisiones que pueden ser cobradas representa un mecanismo de control de precios. La historia nos enseña que los controles de precios suelen llevar a la provisión de productos de menor calidad y a la escasez en los mercados donde éstos se imponen.

Pensemos por un momento en qué pasa de manera individual con una afore si las comisiones que puede cobrar deben disminuir a medida que incrementan los saldos administrados. Una afore puede responder en términos generales de dos maneras ante esta medida.

La primera es disminuyendo sus esfuerzos para crecer: las afores pueden, por ejemplo, dejar de concientizar a los ahorradores de la importancia de mejorar sus condiciones de vida al momento del retiro a través del ahorro voluntario, o limitar sus acciones para atraer nuevos clientes y de esta manera contener el crecimiento de su cartera.

La segunda manera es reduciendo costos para compensar la caída en las comisiones que pueden cobrar. Por ejemplo, las afores podrían responder dedicando menos recursos al diseño eficiente de sus portafolios, lo que llevaría a menores rendimientos para sus ahorradores. Podrían también reducir costos a través de la reducción de servicios que los clientes valoran (o dejando de prestar atención a la calidad con la que los ofrecen), como atención de dudas o la promoción de distintos instrumentos de inversión que se adecuen al perfil específico de cada ahorrador. Otra alternativa es seleccionar las cuentas a administrar, prefiriendo manejar un menor número de cuentas de mayor tamaño, dejando de lado a cuentas de menores montos, que podrían no ser rentables.

En resumen, de manera individual las afores pueden responder con acciones que llevan a un menor ahorro voluntario (lo que representa renunciar a oportunidades de mejorar las condiciones de vida de los ahorradores al momento de retirarse, y en el agregado, una menor cantidad ahorro, y por tanto, de recursos disponibles para financiar proyectos de inversión de largo plazo), o a ofrecer servicios de menor calidad. Para decirlo claro, pareciera que los efectos de la reforma serían contrarios a los objetivos que le dieron génesis: incrementar el bienestar de los ahorradores.

Adicionalmente, el noveno transitorio de la iniciativa de reforma señala que las comisiones disminuyen en proporción al aumento en saldos administrados. Al respecto, se considera que esta medida impacta de manera desigual a las afores, en función de su tamaño, llevándose la peor parte las más pequeñas.

Pensemos en un mismo aumento en términos absolutos en activos administrados para dos afores. Asumamos que la primera de estas afores es considerablemente más pequeña que la segunda. En términos proporcionales, como lo evalúa la fórmula propuesta por Consar, la primera afore, la más pequeña, ha tenido un incremento mayor que la segunda, la más grande.

La fórmula implica que la afore más pequeña enfrentaría una disminución en comisión mayor que la que enfrentaría la más grande. Así, los posibles ahorros que resultan de aprovechar las economías de escala que tienen las afores más grandes no se transferirían a los trabajadores a través de menores comisiones. Esta disminución desbalanceada de las comisiones también podría traer como resultado que las afores más pequeñas renuncien —en mayor medida que las afores grandes— a tomar acciones para aumentar la cantidad de recursos que administran, por alguna de las dos vías ya mencionadas, es decir, las más pequeñas buscarán con mayor avidez reducir costos o no crecer su cartera.

Esta asimetría en la respuesta de las afores en función de su tamaño llevaría a que las más pequeñas perdieran atractivo para los ahorradores, incluso poniendo en riesgo su permanencia en el mercado.

Adicionalmente, el nuevo esquema de comisiones reduciría el atractivo para las afores pequeñas para crecer a través de la adquisición de otras, pues nuevamente el incremento en activos administrados impondría una reducción a las comisiones que pueden ser cobradas.

Como resultado de esto, podríamos terminar con un menor número de afores en el mercado, con menores niveles de competencia, con empresas con mayor poder de mercado, y por tanto, con menores incentivos para buscar mejorar sus rendimientos y la calidad de su servicio. Éste es un tema sensible, especialmente si consideramos que hace 11 años había 20 afores, mientras que hoy sólo tenemos 10, con las primeras cuatro controlando 70% del mercado.

Se vuelve más relevante aun el tema de la falta de competencia en el sector si consideramos que todavía en las condiciones que actualmente prevalecen observamos la colusión de cuatro de las cinco afores más grandes (Banorte, Sura, Profuturo GNP y Principal) entre el 2012 y el 2014, lo que derivó en una multa histórica de 1,100 millones de pesos por parte de la Cofece en el 2017.

Finalmente, vale la pena mencionar que el aumento en la concentración en el mercado (medida con el Índice de Herfindahl) en los últimos seis años ha venido acompañado por una tendencia a la baja en el indicador de rendimiento neto de las afores calculado por la Consar.

Como ahorradores, en lo individual, y como país en conjunto, la reducción de comisiones en el ahorro para el retiro es benéfica, no se puede estar en contra de ella.

Sin embargo, el mecanismo para hacerlo importa, pues si éste es equivocado, podrían generarse mayores problemas que los que se pretende resolver, como los aquí planteados. La reforma propuesta, aun si tiene un objetivo valioso, podría afectar seriamente a los ahorradores al mismo tiempo que entorpecer la consolidación de una industria competitiva, y no es claro cómo nos beneficiará a los trabajadores en activo; dejar de ahorrar para el retiro es poner en juego la estabilidad y certidumbre de nuestro futuro y el desarrollo presente y potencial de México.