Los temas ambientales y de sustentabilidad se han mantenido lejos de la lista de prioridades del próximo gobierno. Hasta ahora sólo algunas insinuaciones o frases sueltas han sido comunicadas, aparte de un curioso proyecto de sembrar o plantar 1 millón de hectáreas de “árboles frutales y maderables” en el sureste. También, claro está, además de cancelarse la iniciativa de creación de la Reserva de la Biósfera del Mar de Cortés y Pacífico sudcalifornianos. Sin embargo, buena parte de la legitimidad por eficacia, y la trascendencia del nuevo gobierno, se van a dirimir en el terreno ambiental, además de que muchos de los más intensos imperativos y álgidos dilemas o conflictos surgirán de ahí. Pondrán a prueba sus capacidades, convicciones y pericia política y de gestión.

Las condiciones para la política ambiental serán de enorme complejidad en la medida de los draconianos recortes presupuestales que se avecinan, reducción de salarios a funcionarios, despido de personal de confianza, dispersión de la administración pública por el interior del país, concentración de compras y contratos en la SHCP, y eliminación de delegaciones en los estados. Todo esto, independientemente de la gigantesca sombra que proyectará la cancelación del aeropuerto en Texcoco. Significará (por ley) para la autoridad ambiental acometer trabajos inéditos de demolición, remoción de millones de metros cúbicos de materiales y estructuras, tirarlos y disponer de ellos en territorio del Estado de México, restablecimiento del sitio a su estado original, y restauración hidrológica y ecológica. Ello concentrará toda su atención, voluntad y recursos, y probablemente dejará muy poco para lo demás, lo verdaderamente importante.

Aun en ese contexto, el próximo gobierno tendrá la responsabilidad de fortalecer y hacer crecer orgánicamente a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). Ella gestiona casi 15% del territorio nacional con un presupuesto raquítico de apenas 1,000 millones de pesos con severos problemas de operación y desempeño, y que el compromiso casi heroico de sus funcionarios, directores regionales, directores y guarda-parques apenas logra disimular. Es indispensable ampliar aún más la superficie protegida en nuestro país, y dotarla de los programas de manejo, equipamiento, y personal requeridos. Igualmente, es urgente dotar a la Guardia Costera, a la Gendarmería Ambiental y a la Profepa de los elementos exigibles para llevar a cabo de manera eficaz funciones vitales de inspección, vigilancia y aplicación de la ley. Sin temor a equivocarme, sostengo que éste es el tema más relevante de toda la agenda ambiental y de sustentabilidad en México. Aquí quedará acreditada o negada la vocación ambiental y de sustentabilidad del próximo gobierno.

En cambio climático, el gobierno de AMLO deberá honrar los compromisos internacionales frente al Acuerdo de París, y poner a México en una senda clara de cumplimiento. Esto implica una importante reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la profundización de la reforma energética para lograr un crecimiento notable de la generación eléctrica con energías limpias, y un pico máximo de emisiones (y por tanto de consumo de combustibles fósiles) en el 2026. Esto se contrapone con las políticas anunciadas en cuanto a construcción de refinerías y reducción de precios de combustibles. El próximo gobierno deberá rectificar, o salir del Acuerdo de París.

En las ciudades, la prioridad deberá ser minimizar la huella ecológica, y promover la competitividad y la calidad de vida, a través de su compactación y densificación, y del desarrollo de espacios públicos de calidad, en paralelo a la promoción ambiciosa del transporte urbano colectivo y no motorizado mediante nuevas políticas e instrumentos. Implica integrar y hacer coherentes con este propósito las políticas de vivienda del Infonavit, al igual que las políticas de subsidio de Conavi, todo bajo la tutela de una Sedatu lúcida y asertiva capaz de influir determinadamente en los gobiernos municipales, en particular, en cuanto a transporte público, y a sus programas de desarrollo urbano. Será un gran desafío de gestión y dilema federalista.

Los mares deben ser objeto de atención privilegiada en el próximo gobierno, mediante un rediseño institucional que resuelva los graves problemas de conflicto de interés y captura regulatoria de Conapesca por parte de la industria pesquera, de sobrexplotación y exterminio ecológico. La regulación pesquera y marina deben transferirse a Semarnat, y máxima prioridad debe otorgarse a las Áreas Naturales Protegidas Marinas, en particular retomando el proyecto de creación de la Reserva de la Biósfera del Mar de Cortés y Pacífico sudcalifornianos. Aquí se hará explícita la inclinación del próximo gobierno por el interés público o por los intereses de la industria pesquera. Continuará...

Gabriel Quadri de la Torre

Ingeniero Civil y Economista

Verde en Serio

Político, ecologista liberal e investigador mexicano, ha fungido como funcionario público y activista en el sector privado. Fue candidato del partido Nueva Alianza a Presidente de México en las elecciones de 2012.