Patentes de antivirales

Con un entusiasmo digno de mejor causa, algunos medios han estado dando cuenta de cómo las autoridades del sector Salud, encabezadas por el titular del ramo, José Ángel Córdova, se aprestan para apoderarse, por utilidad pública , de las patentes de los dos principales antivirales del mercado.

Pero en un país surrealista como México, no es posible descartar nada. Baste recordar la desquiciada expropiación que hizo el amo de la trivialidad, Vicente Fox Quesada, de los ingenios azucareros.

El Consejo General de Salubridad, la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que encabeza Miguel Ángel Toscano; el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), de Jorge Amigo Castañeda, y otras instancias, podrán publicar -como ya lo hicieron- lo que gusten en el Diario Oficial, declarando a la influenza enfermedad de atención prioritaria, pero las patentes no se van a expropiar.

Es que en esta crisis de salud, que ya va de salida como lo afirman las propias autoridades, no podía faltar el componente político, que consiste en pretender darle a algunos cuates de laboratorios, al menos uno de los cuales es propiedad del gobierno, la oportunidad de hacer su agosto.

La primera línea de defensa de F. Hoffman La Roche (Roche de México), a cargo de Miguel Munera, y su Tamiflú, y de GlaxoSmithKline (GSK), que dirige Oswaldo Gola, y su Relenza, es garantizar el abasto sin permitir los rumores de desabasto.

En el caso del Tamiflú (oseltamivir), Roche ha hecho una buena labor con la venta inicial de medio millón de dosis al gobierno, y la posterior importación de varios millones más que desactiva la pretensión gubernamental, plasmada en el Diario Oficial, de liberar la patente.

En el peor de los casos, que no se va a presentar, Roche podría importar decenas de millones más, ya que hay filiales como la de Italia que tiene un cómodo colchón de hasta 50 millones de dosis.

Nadie como un burócrata para olvidar el pequeño detalle de que Roche y GSK invirtieron miles de millones de dólares (o euros, si lo prefiere) en desarrollar su producto. Es algo que se olvida con facilidad porque en México en términos generales es escasísima la cultura de investigación y desarrollo.

Se ha hablado de importar Tamiflú genérico de la India, lo cual estaría muy bien para las seudofarmacias cuya vocación es el efecto placenta con productos de 30 pesos, pero la comunidad científica coincide en que el Tamiflú indio sirve para lo que se le unta al queso.

La segunda línea de defensa serían las agrupaciones gremiales, como la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), que encabeza Jaime Uribe, y la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, a cargo de Jaime Pira, que tienen la obligación de defender los derechos legales de sus agremiados, más allá de lo que digan entes burocráticos como el IMPI, que depende de la Secretaría de Economía, de Gerardo Ruiz Mateos.

Tanto Canifarma como AMIIF están en pie de lucha porque como de costumbre, las autoridades publicaron su rollo de emergencia en el Diario Oficial sin consulta con el gremio y lo que es peor, sin haberlo siquiera mencionado durante las numerosas reuniones sectoriales de la semana pasada.

La tercera y definitiva línea de defensa de las patentes, que en el caso de Tamiflú pertenece a Gilead Sciences de California y tiene vigencia por otros nueve años y en el de Relenza de 10, es el peso global específico de la suiza Roche y de la inglesa GSK.

Aunque no lo han dicho en público porque no sería políticamente correcto, los tres jefes de Roche Suiza, que son el presidente del consejo, Franz Humer y sus dos vicepresidentes, Bruno Gehrig y André Hoffman (de la familia de los fundadores), se irían a un litigio internacional de varios años antes que ceder la patente de Tamiflú a cambio de cacahuates por las regalías que les pagarían laboratorios patito.

¿Estaría dispuesto el gobierno del Presidente Felipe Calderón a enfrentar el enorme desprestigio que ello implicaría? Lo dudo.