A medida que se extienden los signos de la pandemia en el país, se hace más evidente la urgencia de acciones integrales y coordinadas por parte del gobierno y de la participación decidida y responsable de la sociedad. Persisten, sin embargo, inercias que contrastan con la aceleración del contagio y que a estas alturas resultan no sólo negligentes sino irresponsables y dañinas. Mientras parte de la sociedad quiere seguir en su burbuja y hasta medrar con la emergencia; parte del gobierno se aferra a la rutina del discurso vacío, las buenas intenciones y la descalificación. En tanto, se juega la salud y la vida de miles de personas, el bienestar de millones y, sin exageración, el futuro del país.

La crisis actual rebasa las fronteras y las responsabilidades nacionales, lo que no borra ni justifica las carencias y fallas preexistentes. Al contrario, esta pandemia confirma el efecto devastador de los recortes al sector salud y del desmantelamiento, por fortuna parcial, del sistema de seguridad social, y de las asociaciones estratégicas con organizaciones de la sociedad civil, en aras de la centralización gubernamental de los recursos.

La emergencia ha desnudado también la limitación de las encargadas de las políticas de igualdad, que en vez de propuestas claras, nos ofrecieron la semana pasada un curso básico en desigualdad de género y un discurso “maternalista” trasnochado.  Que todavía no se haya liberado el presupuesto para refugios cuando las propias funcionarias reconocen el riesgo que corren las mujeres bajo confinamiento evidencia la subordinación de las políticas sectoriales a la línea presidencial. Que todavía no se cuente con un paquete de medidas económicas para garantizar un ingreso básico y alimentación a los millones de familias que viven al día muestra el desapego de la realidad que afecta al Ejecutivo y su gabinete y la falta de miras de actores económicos que podrían contribuir a un futuro mejor para todos.

En este difícil entorno, el reconocimiento de la emergencia sanitaria y el despliegue de actividad del personal especializado del sector salud, que deberán complementarse con disposiciones legales y medidas económicas pertinentes, son indispensables para enfrentar la tormenta. También es necesaria la toma de conciencia del sector privado y de la sociedad de su corresponsabilidad en este trance. Si salir a pasear cuando se puede y se debe permanecer en casa, es irresponsable;  descalificar las medidas para “achatar la curva”, violar los derechos laborales obligando a la gente a trabajar o dejando sin sueldo las trabajadoras del hogar, reetiquetar productos cuyo precio no depende del dólar, acaparar alimentos o medicinas es atentar contra el bien común y la vida de los demás.

La injusticia y la desigualdad no pueden frenarse con exaltaciones de la familia como “pilar social” ni con el elogio de “empresarios solidarios”. Se requiere de un discurso de Estado que apele a la unidad y la responsabilidad social, respaldado con acciones legales y medidas económicas para proteger el empleo, evitar la pauperización general, castigar la manipulación de precios y los saqueos programados, y prevenir la violencia en casa y la que puede surgir en las calles si no se garantiza la subsistencia de la población precarizada. Todo ello con apego a los derechos humanos y la democracia, como han destacado Naciones Unidas y ONG diversas.

Se requiere sobre todo de una ciudadanía comprometida con la convivencia democrática, la libertad y el respeto a los demás, que rechace las noticias falsas, las falsas soluciones autoritarias y el imperio del miedo. Más allá de las fallas y aciertos del gobierno o de la avaricia de sectores particulares y la insidia de sus voceros, nos corresponde como sociedad hacernos cargo de nuestros actos y de nuestro impacto en este mundo; idear nuevas formas de convivencia, exigencia y solidaridad.

Lucía Melgar

Crítica cultural

Transmutaciones

Es profesora de literatura y género y crítica cultural. Doctora en literatura hispanoamericana por la Universidad de Chicago (1996), con maestría en historia por la misma Universidad (1988) y licenciatura en ciencias sociales (ITAM, 1986).