Como cada año, desde el 2013, en que ocurrió la reforma constitucional al sistema de competencia, la radiodifusión y las telecomunicaciones, se desarrolla el proceso de selección de los comisionados de Cofece e IFT, que reemplazarán a un miembro del órgano de gobierno de cada uno de los institutos, que finaliza su periodo de servicio en febrero del 2019.

El proceso es conducido por los titulares de tres organismos autónomos de alto prestigio: INEE, Inegi y Banxico. El proceso es único en su tipo, no sólo en México, sino a nivel internacional. Se publica una convocatoria y todos los interesados en participar se inscriben, entregan documentación y son sometidos a un examen de conocimientos, en las materias de competencia económica, regulación, teoría económica, derecho administrativo y otras áreas más. Algunos filtros son aplicados. Los aspirantes deben cumplir con la totalidad de los requisitos establecidos en el Artículo 28 de la Constitución y en la Ley Federal de Competencia Económica. Destaca que deben tener una edad mínima de 35 años, experiencia acreditable en las áreas relevantes y estar desvinculados durante un periodo mínimo de la representación de agentes económicos con los cuales pudiera existir conflicto de interés.

En el 2013, cuando se dio la reforma, hubo gran entusiasmo. En aquel entonces, para la conformación de los primeros órganos de gobierno de Cofece e IFT, 299 aspirantes entregamos documentación, de los cuales 119 cumplimos con los requisitos. El hecho de que en ese momento fuimos designados 14 comisionados seguramente incidió en la alta participación.

Paulatinamente el entusiasmo ha disminuido. Para el proceso de renovación del 2016, entregaron documentos 97 aspirantes, menos de la tercera parte de los que lo hicieron en el 2013; para el 2017, fueron 80; en el 2018, 72; y para el actual proceso, 68. En cinco años, el número de interesados disminuyó 77 por ciento.

Algo similar ocurrió con los aspirantes que son aceptados para presentar el examen. Como señalé, en el 2013 fuimos 119 los aspirantes que fuimos aceptados para presentar el examen. El número se redujo abruptamente a 35 para el proceso del 2016. En el 2017 fueron 31; 37 en el 2018 y, ahora, solamente 28, la cantidad más baja. Para el caso de IFT, se pasó de 85 aspirantes en el 2013 a únicamente 20 en el proceso actual. En cuanto a Cofece, la disminución fue de 50 a 17. Las razones del descenso pueden ser varias. El proceso considera restricciones que, francamente, resultan excesivas. Por ejemplo, no haber ocupado cargos, durante los tres últimos años, en alguna empresa sujeta a proceso sancionatorio en términos de la ley de competencia. Además, quien sea designado comisionado se debe abstener de emplearse con alguna empresa que pudiera estar sujeta a las disposiciones de competencia, por hasta tres años (la tercera parte de la duración del encargo, que es nueve años).

Estos ejemplos muestran lo anacrónica y deficiente que es la ley. En el primer caso, porque impide a talento proveniente de la práctica privada aspirar al servicio público. En otros países es común el movimiento de la práctica privada a la pública, y viceversa. Bajo reglas que se cumplen. Aquí, en cinco años los legisladores ni siquiera han sido capaces de designar a los contralores de los organismos autónomos, lo cual denota un mínimo interés por los temas de competencia. En el segundo caso, porque una designación de nueve años trae aparejado una limitación de tres años más, al ejercicio de la profesión y sin compensación. Hay otros fenómenos que deberían ser estudiados, para descubrir las razones de la baja participación de mujeres y de abogados.

El sistema tiene incentivos a volverse cada vez más cerrado y con menor participación. En el contexto actual, la reducción salarial y la restricción presupuestal no serán de ayuda.

*Consultor de Ockham Economic Consulting, especializado en competencia económica y regulación y profesor universitario.