Nuevas leyes y programas de política pública mal instrumentados o carentes de coordinación representan avances formales, pero no bastan para detener la discriminación y violencia que afectan a las mexicanas. Esta podría ser, en síntesis, una conclusión del examen del Comité de expertas de la CEDAW a México, cuyas recomendaciones se dieron a conocer la semana pasada.

La Convención para Eliminar todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) es el referente jurídico internacional más amplio acerca de los derechos de las mujeres a vivir sin discriminación y con igualdad. Desde que lo ratificó en 1981, México ha presentado informes periódicos ante el Comité que evalúa avances y fallas y recomienda medidas para enfrentar problemas específicos.

Tras el noveno examen a México, el Comité reconoció avances en materia de leyes y programas contra la violencia y la discriminación de género, pero señaló rezagos y deficiencias, que ya podemos considerar sistémicas.  Aunque ha mejorado el acceso a la educación, a la salud y, en particular, a la participación política, las mujeres y niñas siguen viviendo discriminación y violencia creciente. De ahí la particular importancia de las recomendaciones del Comité acerca del sistema de justicia y de los mecanismos para prevenir y sancionar la violencia machista.

Desde el inicio, el Comité “reitera sus preocupaciones previas y lamenta los altos niveles de inseguridad, violencia y crimen organizado” en el país, así como “los retos asociados con las estrategias de seguridad pública” que afectan los derechos de las mexicanas. Al poner el dedo en la llaga de la violencia y la impunidad, las expertas retoman el sentido de la Convención que insta a los Estados a eliminar la discriminación en todas sus formas ya que limita o anula el ejercicio de los derechos de las mujeres. 

Al referirse al acceso a la justicia, el Comité señala que persisten estereotipos y discriminación de género entre los encargados de ésta, así como sesgos en las decisiones judiciales. Las mujeres pobres, indígenas o con discapacidad, enfrentan obstáculos adicionales. Por ello, recomienda que se profesionalice a todos los funcionarios del sistema en derechos de las mujeres, que se garantice la aplicación del Protocolo para juzgar con perspectiva de género, se castigue a quienes sigan discriminando y se publiquen las sentencias. Además, con el fin de hacer accesible la justicia para mujeres más marginadas, recomienda medidas como asistencia legal gratuita y juzgados móviles.

En cuanto a la violencia de género, el Comité señala la persistencia de un patrón de múltiples violencias contra las mujeres, incluyendo feminicidio, desaparición, violencia de pareja, y agresiones a mujeres lesbianas, bisexuales o transgénero, en algunos casos cometida por agentes estatales o por el crimen organizado. Nota también “obstáculos” para el funcionamiento de la Alerta de violencia de género (AVG) y la desigual tipificación del feminicidio en los estados.  Para enfrentar estos problemas recomienda, entre otras, “medidas urgentes” de prevención que ataquen de raíz las causas de estas violencias; investigar y castigar a sus perpetradores, “como asunto prioritario”; asegurarse que el feminicidio se tipifique en todos los estados, mejorar el funcionamiento de la Alerta Amber y el protocolo Alba, y evaluar la AVG.  

Sin duda útiles, estas recomendaciones retoman lo que organizaciones de la sociedad civil y la academia han señalado, a la luz de la Sentencia del campo algodonero, del caso de Mariana Lima o de la AVG para la Ciudad de México. Hace años que la sociedad demanda una política integral efectiva y que los gobiernos prosiguen con una política de simulación, caracterizada por falta de coordinación, información, seguimiento y evaluación, deficiencias también señaladas por el Comité. Ojalá el próximo congreso dé seguimiento a estas recomendaciones. Mientras persistan la discriminación, la violencia misógina y la tolerancia hacia ella, los cambios legales serán pantallas de papel.

 

Lucía Melgar

Crítica cultural

Transmutaciones

Es profesora de literatura y género y crítica cultural. Doctora en literatura hispanoamericana por la Universidad de Chicago (1996), con maestría en historia por la misma Universidad (1988) y licenciatura en ciencias sociales (ITAM, 1986).