Finalmente se publicó la Ley Federal de Remuneraciones que impulsó Morena recién iniciado este periodo legislativo, con la desaprobación del resto de las fuerzas políticas. El fondo de esta ley no está en discusión, era importante y urgente regular el artículo 127 constitucional, que establece que ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República, pero lo que es realmente revelador es que, si había un interés genuino en legislar este vacío jurídico, ¿por qué hacerlo al vapor? ¿y sin sumar una sola de las recomendaciones de la oposición?

En principio, quiero resaltar que no hay mucha novedad en el proyecto que se publicó, ya que la mayoría de los preceptos están contemplados en el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de la Federación, y en documentos similares que expiden tanto el Poder Legislativo como el Judicial, donde se desglosan los mínimos y máximos de cada categoría de remuneración. Sin embargo, considero imperante realizar una crítica didáctica sobre algunas de las mayores complicaciones que encuentro en esta nueva legislación.

En primer lugar, no incluye un apartado de definiciones. Es relevante, ya que deberíamos estar discutiendo qué es una remuneración y cuáles conceptos incluye. Por ejemplo, la remuneración establecida en los tabuladores en realidad no se refiere a un salario integrado (esta discusión ya la tuvieron los ministros y fue la razón por la cual pidieron una excepción al tope salarial); porque el sueldo de un presidente, más que un salario, es un ahorro neto, ya que, por separado, cuenta con otras compensaciones como una casa, servicio doméstico, vehículos, gasolina, teléfono, celulares, guardaespaldas y hasta una partida especial para ropa de cama y de vestir.

Además, el artículo 3º, que menciona los principios rectores que regirán las remuneraciones, no toma en cuenta principios básicos como la legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad, la eficiencia y sobre todo la igualdad, al menos no en los términos establecidos en el primer artículo de nuestra Constitución. Sin distinción motivada por género, edad, etnia, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.

Hace unos días, circuló en redes sociales un tabulador que revela una disminución de alrededor de 70% en el sueldo de los mandos medios, incluyendo la eliminación de los seguros de gastos médicos y de separación individualizada, este último era un mecanismo para promover el ahorro en este sector. Y me apena que el debate esté centrado en cuánto hay que disminuir el sueldo de los burócratas, en lugar de estar analizando qué cargos o comisiones de gobierno tienen mayor responsabilidad, para poder alcanzar un salario proporcional a estas responsabilidades, o que, por el solo hecho de ser mujer, se está ganando menos en igualdad de condiciones laborales.

Yo celebro la finalidad de mantener un gobierno austero; sin embargo, no en una forma que perjudique el desempeño y la eficiencia del estado mexicano volviendo aún menos atractivo al servicio público y con una clara fuga de talentos, como ya está pasando en órganos de tanto prestigio como el Banco de México.

Así llegamos a este momento de la historia, con una ley de remuneraciones con grandes deficiencias, bajo un marco jurídico obsoleto y desactualizado, pero, sobre todo, que no abona en la consolidación del gobierno eficiente y moderno que demandan los ciudadanos. Quienes entendemos la magnitud de sus implicaciones intentaremos corregir sus deficiencias en Cámara, haciendo votos para que haya madurez política y para mejorarla, de lo contrario, resignarnos a iniciar un nuevo gobierno, con una innecesaria y muy preocupante crisis burocrática.

¡Hasta nuestro próximo encuentro!

Soraya Pérez

Economista

Entre Números

Expresidenta de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana A.C.